La Junta también «regala» títulos de Bachillerato

El escandaloso caso del instituto de Bormujos, en el que la Junta de Andalucía aprobó a un alumno pese a suspender cinco asignaturas, no es tan «excepcional» como esgrimía el delegado provincial de Educación, Francisco Díaz Morillo.

El escandaloso caso del instituto de Bormujos, en el que la Junta de Andalucía aprobó a un alumno pese a suspender cinco asignaturas, no es tan «excepcional» como esgrimía el delegado provincial de Educación, Francisco Díaz Morillo. Ayer, el Claustro de Profesores del Colegio Aljarafe denunció que la Administración aprobó a una alumna de segundo de Bachillerato de su centro con cuatro suspensos, permitiéndole con ello la obtención del título.

Los padres de la estudiante reclamaron en junio a la Junta respecto a Lengua Española, Filosofía y Griego y la administración ordenó aprobar. Luego, en septiembre, la alumna volvió a suspender inglés, la asignatura que le quedaba. Lo hizo con un 2 como nota. Los padres volvieron a reclamar y la consejería le acabó otorgando el título de Bachillerato el 28 de diciembre –el plazo eran 15 días–. La alumna, que ya no seguía matriculada en el centro, no había podido presentarse a la Selectividad.

El criterio de cuatro profesores, cuatro departamentos didácticos y el de todo un equipo de evaluación del centro fue «ninguneado» por la Junta, en el caso de la asignatura de Lengua, reconociendo incluso que la alumna no tenía los conocimientos suficientes.

La alumna entró en el colegio en primero de ESO. Desde un principio se detectó que tenía «dificultades de aprendizaje» y se le aplicaron «todas las ayudas posibles», según la directora de Bachillerato, Rosario Santos. En su último curso arrastraba asignaturas de primero, como el Griego. A lo largo de los meses, «nos reunimos hasta la saciedad con los padres» y en una de ellas nos llegó a decir el padre: 'si cuela mi reclamación, mejor para mí'», añade la directora, que considera el caso de su colegio «más sangrante» si cabe que el de Bormujos: «Nos achacan defectos de forma, se acogen a que determinados criterios de evaluación no se adecúan a los preceptivos, sin comprobar si el alumno sabe o no sabe».

La resolución «nos deja a los pies de los caballos» a los profesores, «nos desconcierta», «hay una política de disminuir el fracaso escolar, pero esto no tiene sentido». El «desprecio» a la figura del profesor también implica una «injusticia» hacia los alumnos que aprueban gracias a su esfuerzo. Lo peor es que ya se ha abierto una peligrosa puerta. «El retraso en la resolución viene dado por el «enorme volumen de reclamaciones» y «puedo asegurar que al llevar el expediente que nos reclamaron, los administrativos estaban saturados», dijo Santos.