La Junta «vigilará» ahora el plan de Gas Natural que no descartó en 2011

La agitación en torno a la utilización del subsuelo del espacio natural de Doñana, en Huelva, para producir y almacenar gas natural, proyecto que lidera la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa, va en aumento.

La compañía aseveró ayer que «una vez que se obtengan todas las autorizaciones», el plan, que supondrá una inversión de unos 200 millones de euros, estará en marcha en un plazo de tres años.

¿En qué punto se encuentra? Según explicó la propia Gas Natural, tras la aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 y el 29 de enero, la Junta deberá conceder al proyecto su autorización ambiental y el Ministerio de Industria el permiso administrativo. Mantienen que 18 kilómetros de las redes previstas bordean el parque y «aprovechan el trazado del gasoducto existente, salvo en la zona de La Bajona». Apuntan además que las conducciones «discurren por caminos, pistas y cortafuegos», con lo que se minimizan las afecciones al medio.

En ese contexto, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, aseveró que el Ejecutivo regional estará «vigilante» en el cumplimiento de las condiciones para ese almacenaje de gas. Defendió que «Doñana es un monumento de la biodiversidad» que los andaluces aprecian y defienden y explicó que «en las últimas horas se han planteado cuatro proyectos, dos de ellos situados dentro del parque natural y cuatro fuera del parque nacional», que «son antiguas explotaciones extractivas de gas que se pretenden utilizar ahora como depósito». Planas quiso dejar claro que «en materia de hidrocarburos» la competencia es del Gobierno central. Si bien, admitió que la Junta «ha sido consultada y ha efectuado las consideraciones jurídicas, de respeto medioambiental y de seguimiento de las indicaciones efectuadas por el Instituto Geológico y Minero», que han de «cumplirse de forma estricta» en este caso.

En ese sentido, LA RAZÓN ha tenido acceso a un «Informe sobre la aplicación e interpretación de la normativa que afecta a los proyectos Saladillo y Marismas Oriental –denominación de los planes de Petroleum Oil Gas-España–, de la Consejería de Medio Ambiente que, según fuentes jurídicas consultadas, «abre un resquicio a las tesis de la empresa». Cabe recordar que distintos colectivos ecologistas han puesto el acento en las últimas horas en que el proyecto gasístico invade la denominada «zona A» del espacio natural de Doñana, área de máxima protección «en la que no cabría la infraestructura permanente que pretende ejecutar esta compañía», defienden.

De hecho, en el documento del Ejecutivo andaluz, fechado el 3 de noviembre de 2011, consta que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del coto establece que «en las zonas de reserva (Zona A), se consideran incompatibles las nuevas actividades de investigación y el aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos». Y se añade que de la dicción literal del epígrafe «entendemos que el adjetivo nuevas sólo es predicable de las actividades de investigación, pues para hacerla extensiva al resto de las actuaciones en él contempladas la redacción debería haber sido» de otro tenor. En concreto: «Las nuevas actividades de investigación y los nuevos aprovechamientos de yacimientos minerales y demás recursos geológicos». O sea, la clave está en la palabra «nuevas». La compañía sostiene que usarán redes ya existentes y que no construirá otro almacenamiento, sino que se empleará el creado por la naturaleza, una vez se haya extraído el gas. Algo compatible con la tesis de la Junta, que ahora garantiza permanecerá alerta.

A las críticas de Ecologistas en Acción se sumaron ayer las de partidos como el PA, EQUO o UPyD; y de organizaciones como SEO/BirdLife o La Plataforma «Refinería SÍ», que denunció el trato «discriminatorio» con respecto a la frenada Refinería Balboa. Desde WWF España, Juan José Carmona, explicó a este periódico que el Gobierno regional «aún ha de remitir a Madrid un informe que corresponde a las comunidades, porque el plan en cuestión afecta a puntos de la Red Natura 2000». Y adelanta que pedirán que «la Consejería incluya en el mismo, el dictamen del Consejo de Participación de Doñana –ente rector del parque sin presidente desde la salida de Felipe González-». «Si la Junta no quiere las nuevas infraestructuras, que lo diga», remata este asunto, para apuntar otra critica ligada a la gestión de Doñana.

«Para WWF la Administración andaluza ha pecado de una falta de previsión absoluta»,dice. ¿A qué se refiere? El actual Plan Rector de Gestión del Espacio Natural (PRUG) ha finalizado su periodo legal de vigencia sin que se haya redactado uno nuevo. «Una práctica demasiado habitual en la Junta», lamenta el activista, quien cree que esa herramienta podría haber contribuido a dirimir el debate del almacenaje de gas.

IU se distancia del PSOE y señala a Felipe González

La reacción de IU a los planes de Gas Natural en Doñana ha sido más rotunda que la de su socio de gobierno, el PSOE. Su diputado Ignacio García pidió ayer que se evite su desarrollo y que el ex presidente Felipe González explique «su papel». Éste es consejero independiente de Gas Natural, con un mínimo de 126.500 euros brutos anuales, y presidió el Consejo de Participación del parque hasta diciembre. Si bien, según fuentes de este órgano, el asunto se trató en dos reuniones de la Permanente «en las que el ex presidente no estuvo».