La Ley de Agricultura acumula ya cinco borradores sin llegar a ver la luz

Se trata de una de las medidas pactadas con Cs en el pacto de investidura, aunque prometida por Griñán a IU en 2012

El Gobierno de Susana Díaz acaba de remitir al Consejo Económico y Social de Andalucía el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería. Lo que podría considerarse un avance significativo no hace más que corroborar la lenta iniciativa legislativa de la Junta, pues esta ley acumula ya cinco borradores sin llegar a ver la luz. Todo ello pese a tratarse de una de las medidas pactadas por Ciudadanos para apoyar la investidura de la presidenta, y sin olvidar que esta regulación del sector agrario fue una promesa del ex presidente José Antonio Griñán, como guiño a Izquierda Unida, en su discurso de investidura de 2012. El retraso va ya para seis años.

El 11 de octubre de 2016 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural presentó el primer borrador y «atendiendo a la importancia de la norma» se sometió a trámite de información pública por un plazo de un mes, dando audiencia a organizaciones, entidades y asociaciones del sector. Más de 475 días después el último paso data del pasado 23 de enero cuando se hizo pública la quinta versión, un documento de ochenta páginas que nadie garantiza que sea el definitivo.

Federación Andaluza de Municipios, Consejo Andaluz de Gobierno Locales, Consejo de Personas consumidoras y usuarias, Instituto de Estadística y Cartografía, Consejo de Defensa de la Competencia, Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Hacienda, Consejería de Medio Ambiente, Servicio de Protección del Patrimonio Histórico o Sindicato Andaluz de Funcionarios son algunas de las instituciones por las que ha pasado el anteproyecto a lo largo de todo este tiempo. Teniendo en cuenta que aún ha de pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía antes de que el Consejo de Gobierno lo apruebe, difícilmente la Ley pasará todos los trámites parlamentarios para su entrada en vigor en este periodo de sesiones.

La presidenta Susana Díaz se comprometió personalmente a finales de mayo de 2017 con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, en una reunión que mantuvieron ambos en el Palacio de San Telmo a impulsar las medidas contenidas en el pacto de investidura. El pasado mes de junio, Cs arrancó el acuerdo de poner una fecha límite para la aprobación tanto de la Ley de Agricultura como la de Formación Profesional: septiembre de 2017. La formación naranja fijó estas dos prioridades por entender que son dos leyes íntimamente ligadas a la activación económica y a la regeneración del tejido productivo. Casi cinco meses después la situación no ha cambiado.

Ciudadanos mete presión

Desde la Consejería de Agricultura se esgrime que el retraso obedece a la búsqueda del consenso del sector. Una apuesta por el «diálogo» que por ahora no se traduce en hechos concretos.

Ciudadanos ha mostrado en diferentes ocasiones su malestar por esta falta de agilidad. Sin ir más lejos, Marín exponía la pasada semana que «si Susana Díaz quiere que siga habiendo estabilidad en Andalucía, la pelota está en su tejado cumpliendo lo que se ha firmado». Se refería tanto a la Ley de Formación Profesional como a la reforma de la Ley de la RTVA o la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, junto con la ley de Agricultura y advertía de que «habrá un distanciamiento mayor» entre ambas formaciones políticas si no hay avances en 2018.

El anteproyecto de Ley de Agricultura parte de la «premisa fundamental» de considerar la agricultura como «una actividad profesionalizada» en la «búsqueda constante de su competitividad por medio de la eficiencia en el sudo de los recursos productivos, pero especialmente mediante un claro enfoque a las necesidades de las personas consumidoras y a la estructura de los canales de comercialización», sin olvidar que el sector agrario «es una importante seña de identidad» andaluza.

Entre otros retos, la norma se propone «la búsqueda y generación de yacimientos de empleo local a través de la modernización y reestructuración del propio sector agroalimentario, así como de la diversificación económica que propicia un enfoque integral al interrelacionarse con otros sectores y agentes económicos, ambientales y sociales del medio rural».