La Memoria Histórica llega a las aulas andaluzas

La Junta aprueba la Ley que impondrá los contenidos en los planes de enseñanza de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que incluye el estudio de los contenidos relacionados con el franquismo y la represión desde 1931 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas, aunque no como una asignatura específica. Así, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información «rigurosa» sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil.

La Ley de Memoria Democrática a la que da luz verde el Ejecutivo de Susana Díaz –impulsada por IU en la anterior legislatura cuando gobernaba con el PSOE– establece el régimen jurídico de las iniciativas de reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y va más allá de la que impulsó Zapatero, al ampliar su horizonte temporal desde la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982.

La ampliación del ámbito temporal permitirá, por ejemplo, incluir entre las víctimas a Manuel José García Caparrós, que murió por un disparo de la Policía en la manifestación de 1977 en Málaga para reclamar la autonomía plena.

Aunque el proyecto se mantiene prácticamente sin variaciones respecto al remitido al Parlamento en la anterior legislatura y que decayó por el anticipo de las elecciones, se incluye además como novedad la ampliación de consideración de víctima a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.

El régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de éstas y las excavaciones sin autorización.

La norma, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, según destacó ayer la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, informa Efe.

En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo, al tiempo que se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

Se calcula en unos 60.000 los desaparecidos en Andalucía por el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura.