La Mezquita de Córdoba, el nuevo frente del «revisionismo»

La vicepresidenta del Gobierno, cordobesa de Cabra, Carmen Calvo, está detrás del informe jurídico que sustenta la petición de la titularidad de la Mezquita, aunque no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento por el Gobierno. También será la ex ministra de Zapatero y ex consejera de Chaves quien tenga un papel principal en la decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la titularidad por parte de la Iglesia. Calvo entró como experta en Derecho en la comisión. El tiempo y el azar han querido que sea la propia Carmen Calvo quien juegue un papel protagonista en el devenir de la reversión, o no, de las inmatriculaciones de la Iglesia, que se iniciaron en 1998, con Aznar de presidente del Gobierno. El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, defiende que el templo «nunca» fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al TC la inmatriculación del monumento efectuada en 2006. El Cabildo de la Catedral recordó que «numerosas instancias judiciales y de la Administración» reconocen que el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral «es propiedad de la Iglesia desde 1236». En 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda confirmó que «no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado». La Dirección General de Patrimonio recogía que la Abogacía del Estado «ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista en 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en la Catedral de la ciudad». «Desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de patrimonio histórico», añade la Abogacía.

El convenio de colaboración con la Junta de 1991 también reconoce al Cabildo como titular del monumento y el juzgado de Instrucción 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que «es propiedad de la Iglesia desde 1236». El Cabildo también señala que se asegura que el Ayuntamiento puede reclamar la titularidad de la Mezquita cuando al mismo tiempo reconoce que nunca ha tenido su titularidad.

El informe de la comisión apunta que el análisis histórico «demuestra» que la Iglesia «no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno» y considera «injusta» la situación actual y «lesiva para los intereses de la ciudadanía». La medida más apropiada que plantean los expertos es «recabar los apoyos parlamentarios necesarios» para ejecutar «un recurso de inconstitucionalidad ante el TC» para «anular» la inscripción de la Santa Iglesia Catedral. Si no prospera esta vía, se sugiere un «procedimiento más complejo» como sería que el Ayuntamiento de Córdoba acudiese a los tribunales ordinarios.

Según los expertos (el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio), la Mezquita «carece de antecedentes cristianos documentados». Se origina como un proyecto arquitectónico «ligado a la dinastía Omeya» y fue de propiedad «estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus». Tras la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236, el edificio siguió «ligado al Estado», esto es, a la Corona de Castilla, con «numerosos indicios» de que «no se produjo una donación» del monarca a la Iglesia. El «uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa», señala el informe, añadiendo que «la posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad».

Los expertos entienden que el modelo de gestión adecuado es «el sistema de patronato», liderado por la Junta y con la presencia del Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, elevará el informe al Gobierno para que actúe y así revertir la una situación con la que la ciudadanía «no se siente cómoda». El portavoz de la plataforma ciudadana «Mezquita-Catedral, patrimonio de todos», Miguel Santiago, consideró «irreversible» que la Iglesia devuelva los bienes inmatriculados. Por su parte, el presidente del foro «Europa Ciudadana», José Carlos Cano, indicó que el informe supone «un ataque» a la libertad religiosa, carece de «base jurídica» y se basa «en cuestiones ideológicas». Para Cano, «no es cierto que la Iglesia se apropiara de la Mezquita Catedral a través de la inmatriculación» sino que «lo único que realizó el Cabildo de la Catedral de Córdoba es dar publicidad a través del registro de un bien que ya poseía».