La nueva ley del suelo: trámites más simples y seguridad jurídica en busca de inversión

«Las políticas de la Junta harán que los extranjeros vean Andalucía con mejores ojos», señala Andrés Gutiérrez-Istria, secretario de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó el 7 de mayo la tramitación de la nueva Ley de Urbanismo para Andalucía, texto normativo que pretende reforzar la autonomía de los ayuntamientos y permitir la simplificación y unificación de los diferentes textos normativos existentes en esta materia. Todo ello a partir de la constatación de la necesidad de redactar un nuevo marco normativo que derogue la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, tras 16 años de vigencia, ya no responde, según el nuevo Ejecutivo, a los problemas actuales del urbanismo en la comunidad. El nuevo Gobierno regional pretende que la nueva normativa ponga fin a los desmanes urbanísticos que anteriores gobiernos socialistas han amparado y ante los que han mirado para otro lado, según los nuevos gestores de la ordenación del territorio andaluz.

A partir de la nueva Ley, el ejecutivo ha establecido una hoja de ruta con objetivos claros: el primero de ellos, «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos incorporando a cualquier actuación criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social y fomentando las actuaciones en la ciudad consolidada», según expone Andrés Gutiérrez-Istria, secretario General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, para quien es fundamental además «dotar de seguridad jurídica a todo el proceso urbanístico, mejorando y clarificando la regulación y favoreciendo la coordinación entre los órganos urbanísticos y los órganos sectoriales».

Pero, como no hay dos sin tres, recalca la voluntad de «simplificar y agilizar los procedimientos, los planes y que todas aquellas actuaciones que quieran ponerse en marcha lo puedan hacer en el menor plazo posible, pero siempre con absoluto cumplimiento y respeto a la legislación vigente». Y es que el urbanismo de Andalucía, requiere de un mayor control por parte de la administración a partir de «reglas de juego claras y sencillas que puedan cumplirse», ya que, según apunta Gutiérrez-Istria, «de nada sirve de nada tener una normativa por muy extensa y amplía que sea, que luego se incumple sistemáticamente: tenemos confianza en el planeamiento pero no en un planeamiento rigorista que haga imposible el uso racional y ordenado del territorio». El objetivo, por tanto, para los actuales responsables autonómicos pasa además por «mejorar las condiciones de vida, la ordenación, de todas las ciudades andaluzas, incluso aquellas que han sufrido procesos urbanísticos inadecuados y que este Gobierno está dispuesto a reconducir» sin dejar atrás a los pequeños municipios carentes de planeamiento, «porque un plan general es un instrumento excesivamente complejo y que de poco sirve a municipios con escasos desarrollos urbanos».

Ante la nueva regulación que se plantea, la comunidad ganará en inversores no sólo locales sino extranjeros que «ya a día de hoy ven a Andalucía con mejores ojos: no en vano, a día de hoy, esta comunidad tiene todo lo que un inversor puede desear: buen clima, hospitalidad, buenos servicios, etc. Y, si eso se completa con un urbanismo racional, sostenible, respetuoso con el medio ambiente y el paisaje y, sobre todo, con un marco urbanístico estable, nadie podrá competir con nosotros».

Dentro de la comunidad, Málaga es el paradigma de urbanismo desenfrenado en las últimas décadas, en concreto su franja litoral. No en vano, la Costa del Sol Occidental ha sido epicentro y origen de infracciones en materia de ordenación del territorio que han derivado en grandes macrojuicios y operaciones como «Malaya», que supuso hace algo más de una década la disolución del Ayuntamiento de Marbella, a partir de una trama de corrupción vinculada a la especulación urbanística. Pero no sólo Marbella fue escenario de ilegalidades urbanísticas, sino que las vecinas Estepona –con la operación Astapa aún en los tribunales– o Manilva –donde se inició el caso Ballena Blanca– le fueron a la zaga en la parte occidental de la provincia, mientras que le oriental, zonas como la Axarquía han sido foco de desarrollo urbanístico contrario a la ley. En municipios como Alcaucín, se dictaron en 2013 orden de demolición sobre viviendas que fueron declaradas fuera de ordenación. Pese a lo acordado, centenares de compradores de buena fe que habían adquirido inmuebles en suelo no urbanizable encontraron una vía de escape una vez que el Parlamento aprobó en julio de 2016 una modificación de la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA) que permitía que las viviendas que fueran construidas sobre parcelaciones y que fueron levantadas hace más de seis pudiesen ser regularizadas, bajo la figura urbanística de asimilado fuera de ordenación (AFO). A día de hoy, existe «absoluta seguridad jurídica» en la provincia de Málaga, según afirma Gutiérrez-Istria, quien incide en que «cada vez será mayor», al argumentar que «los cambios normativos que estamos proponiendo se caracterizarán por respetar al máximo los desarrollos que estén en marcha: el hecho de que cada vez que se cambia un plan o se hace una nueva ley se paralice todo el urbanismo no es de recibo; es por ello por lo que vamos a posibilitar que esos cambios normativos, que esas transiciones se hagan sin brusquedades y sin paralizar las inversiones que estén desarrollándose».

Hasta casi 20 años sin plan

De los 103 municipios de Málaga, 23 poseen un PGOU adaptado totalmente a la LOUA; 46 parcialmente; 5 tienen Normas Subsidiarias; 6 con un Plan de Delimitación; y 23 no tienen instrumento. En Macharaviaya, la demora roza los 20 años. Marbella ha pasado de los desmanes a ejemplar.