La propia Junta exige el reintegro de más del 37% de expedientes formativos revisados

Analiza 411 dosieres de siete provincias y Córdoba, Cádiz y Huelva se sitúan a la cabeza en reembolsos

La gestión formativa de la Junta lleva años empañada por investigaciones judiciales. En ese contexto, las parlamentarias andaluzas del PP Teresa Ruiz-Sillero y Patricia del Pozo se interesaron por conocer qué actuaciones se habían seguido encaminadas a «verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en los informes de actuación emitidos» por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y «derivados del control especial de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE)» relativos a los ejercicios del 2009 al 2012, en las provincias de la comunidad. Preguntaron también por el «grado de implantación y cumplimiento de cada una» de esas iniciativas. Les ha respondido el consejero de Empleo, Empresa y Comercio del Ejecutivo regional, Javier Carnero, y de la contestación, fechada el pasado febrero pero publicada en el número 778 del Boletín Oficial del Parlamento andaluz (BOPA) que ha visto la luz esta semana, se desprende que de 411 expedientes revisados en siete provincias –no se aportan datos de Almería, ya que sobre ella no se formuló interrogante específico– se ha pedido el reintegro de fondos públicos en 153, esto es en más del 37 por ciento del global.

Carnero explica a las diputadas que las medidas adoptadas al hilo del informe de actuación de la IGJA han pasado por la realización de «una revisión detallada de cada expediente con el fin de determinar la documentación necesaria para completarlo», el «efectuar requerimientos a las entidades beneficiarias para que procedieran al aporte de dicha documentación», así como el examen de la misma «con el fin de proceder a la liquidación provisional del expediente y a su envío a la Intervención provincial para cumplir con el preceptivo trámite de fiscalización». Y detalla, entre otros datos, que, en relación a Cádiz, «sobre una muestra de 12 expedientes, se ha procedido a realizar el reintegro en 10»; en Córdoba, de otra de 68 expedientes, se ha demandado el reembolso de 61; en Granada, sobre una muestra de 82, «se ha examinado la documentación justificativa de todos los expedientes, ofreciendo como resultado el reintegro de 19 de ellos». Por lo que respecta a Huelva, de 43 dosieres seleccionados, se han llevado a cabo «27 reintegros»; en Jaén, de 59 expedientes, se han analizado los datos justificativos para acabar solicitándose la devolución de «cinco de ellos». A ello se añade que en Málaga, «sobre una muestra de 72» se ha procedido a ejecutar «el reintegro en 17 expedientes»; y en Sevilla, por último, de un abanico de 75 documentos se ha mandatado el reembolso «en 14 expedientes».

En definitiva, sobre una muestra de 411 expedientes, el Gobierno andaluz ha solicitado el reintegro en 153, el 37,22 por ciento. Contemplado el porcentaje por provincias, se situarían a la cabeza en fondos exigidos de vuelta Córdoba y Cádiz con el 89,7 y el 83,3 por ciento, respectivamente; seguidas de Huelva con el 62,7. Detrás estaría Málaga, con un 23,6% y Granada con 23,17. A la cola, por contra, se encontraría Sevilla con un 18,6 por ciento y Jaén, para finalizar, con el 8,4.

La ex Fundación Forja XXI acumuló 24 peticiones

Los populares quisieron saber también cuántos expedientes de reintegro de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) habían sido incoados a la Fundación Forja XXI desde 2002 hasta marzo de 2017 que se formuló la cuestión. El titular de Empleo de la Junta, Javier Carnero, les transmitió casi un año después, aunque se hace público ahora, que «se han concluido reintegros definitivos en 24 expedientes solicitados por esa entidad». Un ente que «se encuentra en un proceso concursal» tras detectarse irregularidades en su contabilidad.