La renta mínima sólo llega al 4% de los niños andaluces en pobreza severa

Save the children denuncia que en su primer año esta ayuda “es ineficaz” porque su cuantía máxima no cubre las necesidades básicas

Sólo un 4% de los 244.430 menores andaluces que viven en hogares bajo el umbral autonómico de la pobreza recibieron la renta mínima de inserción implantada por la Junta en enero de 2018, que ha llegado en su primer año a 11.500 familias en las que viven 9.800 menores, e incluso a esas familias y niños dicha renta ha resultado “ineficaz” para sacarlos de esa situación de pobreza porque el ingreso máximo es de 580,87 euros, para un hogar de dos adultos y dos menores, que necesita 1.072 euros al mes. Por debajo de 801,7 de ingresos mensuales ya se considera que su situación es de pobreza severa.

Son algunos de los datos presentados este martes por los responsables de Save the Childen en Andalucía Javier Cuenca y Javier Cabrera tras analizar el primer año de funcionamiento de la Renta Mínima Inserción (RMI), un análisis que el Gobierno andaluz debería haber presentado ya pues el Decreto por el que se puso en marcha preveía un informe del primer año en el primer trimestre del siguiente, que se acaba de cumplir.

La conclusión es clara: “Se crearon muchas expectativas y hoy podemos decir que no se han cumplido”, subrayó Cabrera. Y las causas son varias, desde que de 80.000 solicitudes sólo 40.000 se han resuelto y sólo 11.500 familias han cobrado hasta la “lentitud” de la tramitación de una ayuda que tarda de media ocho meses cuando está destinada a “afrontar gastos diarios” de personas en situación de extrema necesidad.

Pero incluso para quienes la han recibido tampoco ha sido “eficaz” para sacarlos de la pobreza severa porque la cuantía es “tan baja” que no cubre las necesidades más básicas y “jamás va a sacar a una familia de la pobreza severa”. Además sólo en 3.500 casos se acompañó la ayuda económica de un plan de inserción previsto con lo que “lo estamos convirtiendo en una prestación para cubrir parches pero no permite a una familia salir de esta situación”.

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, recordó que además de una vulneración de los derechos de la infancia que debe ser protegida, supone condenar a estos niños a ser adultos pobres, como ocurre en el 80% de los casos de menores de familias en esta situación. Recordó que “la OCDE ya ha alertado de que en España el ascensor social está roto ya que un niño de una familia en pobreza extrema tardaría cuatro generaciones en salir de esa situación, 120 años”.

La propuesta de Save the Children, que quiere trasladarle al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs, es complementar la renta mínima de inserción con una prestación autonómica que vaya directamente a la infancia que de momento, y aún sabiendo su ineficiencia, supondría 75 euros mensuales más por cada niño en los Presupuestos de 2019 -que la Junta prepara y prevé presentar en mayo- para aumentarla progresivamente hasta los 100 euros mensuales por niño en 2021.

La ONG ha solicitado información, de momento sin éxito, a través del Portal de la Transparencia sobre las causas de las solicitudes no atendidas, ya que pueden ser porque no se cumplen los requisitos o porque les falta algún papel ya que la tramitación de esta ayuda se convierte en una “maraña burocrática” en la que las familias se han topado con unos servicios sociales comunitarios “colapsados”, con personal sin formación para la gestión de esta renta, un procedimiento “complicado”, una “lentitud”. Cabrera y Cuenca apuesta por “repensar y mejorar” esta renta mínima de inserción pues las previsiones iniciales de la Junta ya dejaban fuera a muchas familias y menores, pues preveían llegar a 45.000 familias en el primer año cuando en la comunidad hay 244.630 menores que viven en pobreza extrema y ya los criterios fijados para acceder sólo permitirían beneficiar a 186.443.

El Defensor del Pueblo Andaluz en su informe anual presentado la semana pasada ya instó a dar acceso a esta renta a los menores extranjeros no acompañados extutelados por la Junta al cumplir los 18 años, ya que aunque los requisitos de acceso sólo exigen estar empadronado, entre la documentación que se pide figura la tarjeta de residencia y “muchos de estos menores salen sin papeles”, explicó Cabrera.