Lanzas «gratificaba» a sindicatos y Administración con sobrecomisiones

sevilla- «Gratificar» es el verbo utilizado por la juez Alaya para definir la labor del «conseguidor» Juan Lanzas con «sindicatos» y «ciertos responsables de la Administración». La magistrada del «caso de los ERE» ha impuesto una fianza de responsabilidad civil que suma en total más de 410 millones para nueve imputados.

En detalle, se impone el pago, con el consiguiente embargo de bienes, para los directivos de Vitalia Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual de 111.780.721,37 euros cada uno; Juan Lanzas, 38.074.630,12 euros; Jesús Bordallo, 15.246.797,64 euros; Roser Massa, 400.000 euros; María José Marcos, 5.068.319,38 euros; Patrocinio Sierra, 14.712.379,80 euros; e Ismael Sierra, 1.980.816 euros.

El auto de 27 de mayo, al que tuvo acceso LA RAZÓN, recoge las medidas cautelares relativas a varios imputados tras la «operación Heracles» . El documento judicial sitúa a Lanzas como «antiguo sindicalista con importantes contactos que ejercería para Vitalia labores comerciales a comisión». Junto a los mandos de la aseguradora «orquestarían una operación perfectamente determinada sobre la siguiente base: el 'negocio', enormemente rentable para Vitalia, sería la concesión continuada por la Junta de ayudas sociolaborales instrumentadas mediante pólizas de renta colectiva que aquélla intermediaba, pues por la contratación de las mismas, la mediadora Vitalia cobraría unas sobrecomisiones elevadísimas, muy por encima de la media del mercado, cuantificadas provisionalmente por la Dirección General de Seguros» en 21.235.680,92 euros; provisionalidad que deriva de no haber podido analizar aún ni los datos de todas las pólizas de los asegurados de Generali y Fortia, ni los relativos a las pólizas de la compañía Apra Leven, ni información de todo el periodo investigado, pero que nos sitúa seriamente en la pista de las enormes ganancias que podría haber obtenido la mencionada agencia de seguros». «Para conseguir tal provecho, los referidos inculpados influirían activamente mediante sus contactos y relaciones personales, con empresarios, sindicalistas y, sobre todo, autoridades de la Junta, siendo por ello esencial el papel de Juan Lanzas en la concesión de tales subvenciones y, por ende, en la distracción de fondos públicos derivada de la arbitraria contratación de numerosas pólizas de prejubilación financiadas con ellos, adjudicada directamente a la citada mediadora sin celebración de concurso público», señala el auto, remarcando que fue «la práctica habitual durante más de diez años». La magistrada recalca que «resulta indiciariamente acreditado que con el importe pactado de estas sobrecomisiones, no sólo se podía abonar suculentos honorarios a Lanzas por su labor comercial, sino utilizar parte de estas sobrecomisiones millonarias, financiadas ilícitamente con fondos públicos, en gratificar indiciariamente de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso al director general de Trabajo, Guerrero, quien concedía las referidas ayudas sociolaborales».

La juez señala, entre otros hechos, que los imputados «promoverían» la inclusión de los intrusos designados por la Administración, sindicatos o por el propio Juan Lanzas»; por lo que serían corresponsables de un delito de cohecho y «de todo lo cual obtendrían importantes ganancias». «Parece claro», dice Alaya, «el papel de 'conseguidor'» de Lanzas; el de Albarracín, de «ordenar» a través de la mediadora «las directrices económicas de la negociación»; y el «papel gerencial del señor Pascual y la señora Vaqué». Así, la magistrada fija una responsabilidad penal para los tres últimos del «35% del importe de las primas de las pólizas», más «la suma abonada por Vitalia a Juan Lanzas para que ejerciera en beneficio de ellos su presunto tráfico de influencias». La cantidad resultante es de 76.233.988,525 euros. Del importe satisfecho por Vitalia a Lanzas resultan 7.601.552,78 euros. Ambas cantidades suman 111.780.721,37 euros, «para cada uno de los referidos inculpados que integran la cúpula directiva de Vitalia».

El auto certifica la participación de Lanzas en los ERE de Mercasevilla, Matadero Fuenteobejuna, Dhul, Río Grande, Surcolor, Aglomerados Morell, Samec, Europa Center, Nexprom, Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos SL y Primayor. De estas pólizas resulta una responsabilidad civil de 17.207.645,09 euros, a lo que habría que sumar 769.046,65 euros del ERE de Hitemasa, en los que su esposa, Patrocinio Sierra, y el propio Lanzas aparecen como intrusos. Por casos como la intrusión de Carmen Fontela en Río Grande o de sus cuñados Ángeles Sierra y Carmelo Cruz en Dhul, se añadirían otros 76.000 euros.

EN DETALLE

«Esto no hay quien lo entienda»: la Junta, «acusación y perjudicada»

En el recurso de apelación de Encarnación Poto, al que accedió LA RAZÓN, contra la fianza de responsabilidad civil de 4.089.639,45 euros, el letrado de la imputada se queja de «la curiosa postura de la Junta de Andalucía», que «como garante del dinero público y vigilante de que el mismo no sea esquilmado, pasa a ser acusación particular y perjudicada». «Esto no hay quien lo entienda», añade en el auto. Anteriormente, la defensa de Francisco Javier Guerrero también se quejó de que la Administración andaluza actúe como acusación y denunciada.

Anulado el bloqueo de la cuenta de la comunidad de vecinos de Guerrero

La juez ha levantado el bloqueo sobre la cuenta bancaria de una comunidad de propietarios de El Pedroso (Sevilla) que había sido paralizada porque la esposa de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, era miembro de la misma. La comunidad de propietarios había dirigido un escrito a la juez Mercedes Alaya porque la medida judicial les había dejado sin la posibilidad de pagar el agua, la luz y las reparaciones y ello les estaba creando «serios problemas». La juez acordó permitir que los vecinos operen de nuevo con la cuenta.