Las defensas renuncian a una testigo clave que avaló el sistema de ayudas

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se reanudó ayer con un guión inesperado. Parece que existe cierta prisa por finalizar las sesiones, bien sea porque las aportaciones hechas hasta ahora se consideran suficientes por las partes o porque existe un interés en que no coincidan con una hipotética convocatoria electoral. La sentencia, como publicó ayer este periódico, no se espera hasta el próximo verano, por lo que el único impedimento para que el calendario judicial no interfiera en los comicios andaluces sería que las declaraciones de los testigos o las pruebas periciales se desarrollasen al mismo tiempo que los mitines electorales.

En cualquier caso, la renuncia por parte de las defensas a algunos testigos resultó llamativa. Especialmente la decisión de la defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera a que testificara la ex directora general de Trabajo desde 1991 a 2004, Soledad Córdova. Esta ex alto cargo del Gobierno central, imputada en la pieza relativa a la Faja Pirítica de Huelva, declaró ante la jueza María Núñez Bolaños que la Junta tenía competencias para otorgar las subvenciones excepcionales a los trabajadores conforme a la orden ministerial de 1995. La existencia de un marco legal de carácter nacional que amparaba el procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para otorgar las ayudas sociolaborales es una de las principales líneas de defensa de los acusados. Por ese motivo, sorprende que renuncien a esa declaración, aunque algunas defensas apuntaron que este extremo, a su juicio, ha quedado ya suficientemente claro.

Desde las acusaciones, la interpretación es distinta. Soledad Córdova declaró en el juzgado como investigada, motivo por el que sólo contestó a las preguntas de la instructora y su abogada. En este juicio sí tendría que afrontar las preguntas de la Fiscalía como de la acusación que ejerce el PP andaluz, lo que podría ocasionar controversias en su declaración. De hecho, aunque la ex alto cargo del Ministerio de Trabajo avaló las competencias de la Junta para dar las subvenciones también aclaró que desconocía cómo se habían materializado esas ayudas.

En la jornada de ayer tampoco declararon como testigos Juan Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación para el Empleo ni Isabel Alonso Bonilla, que fue secretaria de Viera.

Un consejero nombrado por el PSOE avala el sistema

La Cámara de Cuentas cuenta con técnicos y un consejo nombrado por los partidos políticos. Antonio Marmolejo, consejero durante 19 años a propuesta del PSOE, aseguró ayer que los auditores encargados del informe anual de la Cuenta General de la Junta no encontraron «tachas de ilegalidad» en el programa presupuestario 31L. A preguntas de la Fiscalía y del PP admitió que la Cámara de Cuentas no fiscalizó nunca esta partida en concreto. Tampoco las transferencias de financiación ni la Agencia IDEA.