Las empresas que pagaron seis millones a Soprea tienen 539 empleados públicos

La Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), incursa en un proceso judicial por presuntas irregularidades en la gestión de 185 millones de euros de fondos europeos Jeremie recibió entre 2013 y 2014 más de seis millones de euros en comisiones por parte de otras empresas públicas de la Junta, tal y como informó ayer LA RAZÓN. Se da la circunstancia de que las tres empresas que pagaron esa cantidad por lo que en la práctica son subcontratas administrativas contaban al cierre de diciembre de 2014 con 539 empleados públicos.

El pago de estas comisiones se produce por el uso de una ingeniería empresarial que evita los controles en profundidad de la Intervención General pero que dispara los costes. Siempre se da el mismo patrón. La Consejería titular que maneja un determinado fondo, propio o europeo, firma un acuerdo de cesión con una empresa pública y ésta, a su vez, suscribe otro convenio con la mencionada Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía, que es un ente mercantil.

La mayor parte de los 6.211.616 euros que se embolsó Soprea en los dos últimos ejercicios en concepto de comisiones provienen de la Agencia IDEA por la intermediación en los fondos Jeremie y en el Fondo de Desarrollo Empresarial. Estos conceptos suponen más del 90 por ciento de los más de seis millones.

La Agencia IDEA contaba a finales de 2014 con 308 empleados. De éstos, 15 son altos directivos y 39 mandos intermedios. La mayoría son técnicos: un total de 162. En 2013 el número era ligeramente superior (311).

Esta plantilla le costó a la Junta 15,1 millones de euros en 2014 y 15,5 millones en 2013.

Del total de las comisiones de 2014 que recibió Soprea, 2,9 millones correspondieron a facturación de la Agencia IDEA, pero otros 40.000 euros fueron de la Agencia Andaluza de la Energía, 87.000 de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior y 30.000 del Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales.

Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior también tiene una plantilla elevada. Al cierre del ejercicio 2014 trabajaban 76 personas y en 2013, 78. El coste laboral ascendió a 3,6 millones en 2014 y 3,5 en 2013.

Hay que señalar que Extenda, además de pagar a Soprea 87.049 euros en 2014 por la gestión del Fondo de Apoyo a la Internacionalización, repercutió asimismo otros 43.905 euros de gastos por la explotación de este mismo fondo, lo que ilustra claramente el encarecimiento de las subcontratas administrativas entre empresas de la propia Junta, una práctica habitual en la ingeniería societaria de la llamada «administración paralela» del Gobierno andaluz.

La Agencia Andaluza de la Energía también pagó en el último año 40.000 euros a Soprea. Esta empresa dependiente de Empleo, Empresa y Comercio contaba al cierre de 2014 con 155 personas. La plantilla ha aumentado de manera sensible, ya que en el mismo periodo de 2013 tenía en nómina a 125. El gasto en personal también ha ido al alza. 5,4 millones de euros en 2013 y 5,7 millones de euros en 2014.

Algunas de estas subcontratas administrativas han recibido incluso el reparo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el máximo órgano de control externo de la Junta. Un reciente informe de fiscalización sobre Soprea advirtió de que la Agencia IDEA no debió traspasarle la gestión de los fondos Jeremie (185 millones de euros en el periodo 2007-2013). «No debió resultar adjudicataria de la licitación promovida por la agencia IDEA, que tenía por objeto la intermediación financiera del Jeremie, al darse las circunstancias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios». Soprea está participada en un cien por cien por la agencia IDEA. La Cámara de Cuentas también recogió otras irregularidades –la Junta ha señalado sin embargo que el informe no apuntaba ninguna– como el hecho de que las cuentas del fondo Jeremie se aprobaran antes que la auditoría. Esto supone un incumplimiento en lo dispuesto en una de las resoluciones de la Intervención General. Esta salvedad la recogía asimismo el informe de auditoría de 2014 que realizó la empresa privada KPMG, el único control al que están sujetos este tipo de sociedades mercantiles, de ahí la huida de los focos de la Intervención General, el máximo órgano de fiscalización interno. «A fecha de la emisión de este informe, la sociedad no dispone del informe de auditoría de las cuentas anuales de 2014».

El juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha abierto diligencias para esclarecer las posibles irregularidades de Soprea en la gestión de los fondos Jeremie que ya apuntó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).