LOS ERE HUELEN AL BOSQUE DE SHERWOOD

Vista del banquillo de los acusados en el juicio de la «macrocausa» de los ERE que se celebra en Sevilla
Vista del banquillo de los acusados en el juicio de la «macrocausa» de los ERE que se celebra en Sevilla

El tratamiento mediático de la corrupción no es proporcionado a la magnitud del crimen sino que viene tamizado por la simpatía o antipatía del cámara, del redactor, del locutor y, por supuesto, del propietario del medio. Los ERE falsos en Andalucía no han sido una excepción. No sólo ha sido la izquierda política quien ha manejado bien las lecciones de Lenin y Gramsci sobre el uso de la información como arma revolucionaria. El luego cardenal Ángel Herrera fue consciente también de la importancia de influir en los medios de comunicación al promover la fundación en 1926 de la Escuela de Periodismo del periódico «El Debate», precursora de las actuales Facultades de Ciencias de la Comunicación españolas. Cosa muy diferente es el éxito de una y otra inspiración en los medios de comunicación de masas de finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI. No equiparo aquí la moral de una y otra inspiración sólo me refiero a la influencia mediática actual de ambas. Los italianos suelen decir que en su país lo único que está organizado es el crimen. Todo lo demás es caos y desorden. El síndrome de Robin Hood o del narco Pablo Escobar influye en la simpatía del cámara que elige un plano amable para el imputado amigo y uno estigmatizante para el que le resulta antipático. El crimen es visto con una pátina de indulto o reconocimiento social cuando se roba para repartir o se entierran drogodependientes pero financian grandes estadios de fútbol o pagan los tratamientos médicos de los propios y sus familias. En los ERE ha habido una socialización del robo que en nada se parece a los iconos de los ladrones coetáneos de signo político contrario, aquéllos que sí llenan los telediarios y se cuelan en las aplicaciones de los «smartphones» como noticias destacadas. Tan destacadas como los goles del Madrid o del Barcelona. Algo que jamás ocurrirá con la trama de los ERE falsos.

Efectivamente, el propio diseño legal de lo que ahora se juzga tiene un cierto aroma a bosque de Sherwood y a Robin Hood. Gobernando la Junta el presidente Manuel Chaves se diseñó un sistema de otorgamiento de subvenciones públicas a empresas y trabajadores que eludía los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica supondría saltarse todos los protocolos formales. El procedimiento permitió cebar durante años (mucho antes del estallido de la crisis en 2008) la partida presupuestaria 31L con dinero público destinado a financiar prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo de empresas andaluzas en crisis. Aspectos legales a un lado, ¿qué otra cosa se puede esperar que el aplauso social para una medida como esta que busca reconfortar económicamente a quien pierde el empleo? Máxime en una sociedad muy presta a suscribir la afirmación de que «el dinero público no es de nadie» pero la persona despedida sí tiene nombre y rostro.

Según apunta la instrucción de esta «macrocausa», el dinero procedente de la partida 31L (o «fondo de reptiles», en alusión al uso del canciller von Bismark de parte del dinero público) ha ido en parte a financiar prejubilaciones fraudulentas pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. También a empresas que no estaban presentando un ERE y a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. Incluso se ha usado el dinero para pagar elevadísimas comisiones a intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores (aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas) para acceder a fondos millonarios. Pero incluso así, ¿no tiene el informador en la cabeza la otra parte del dinero público –ese que no es de nadie– que sí fue a pagar la prejubilación de alguien que por su avanzada edad probablemente jamás encontraría un nuevo empleo? ¿Es su predisposición la misma cuando tiene que elegir el enfoque de esta noticia que cuando lo hace de otra relacionada con un tipo que robó mucho menos pero que se lo llevó –para él sólo– a Suiza, previa estancia en las pistas de nieve de Baqueira Beret? En Baqueira no se respira el aroma del Bosque de Sherwood.

Incluso los altos funcionarios que velan por la correcta ejecución de las cuentas públicas son proclives a «comprar» el argumento de la defensa de los imputados. Estos funcionarios sí saben que el dinero público viene del esfuerzo de los contribuyentes pero son receptivos al indulto derivado de «quien roba a un ladrón» aunque en la versión sofisticada de decir que el interventor general de la Junta jamás inició un informe de actuación. Precisamente él mismo –Manuel Gómez– dejó bien a las claras en noviembre de 2012 que el pretendido «Informe de actuación» no tenía ni causa legal (sin causa no puede haber efecto) ni destinatarios ni organismos que hubieran de tener en cuenta sus conclusiones. Y no sólo denunció esto quien ha resultado señalado por la defensa de los acusados, sino también el propio gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas y los tres interventores generales que le sucedieron en el cargo.

Abundan los políticos que «sotto voce» se declaran víctimas del síndrome de Robin Hood. Roban por una causa «noble» cual es la de sostener el enorme costo de las maquinarias políticas. La secuencia argumental de su particular silogismo es la democracia moderna sólo se sostiene si hay partidos políticos fuertes; los partidos políticos fuertes cuestan mucho dinero; si no hay dinero para sostener a los partidos políticos fuertes no es posible el mantenimiento de la democracia moderna.