Andalucía

Los hombres copan el 60 por ciento de los puestos de alto cargo en la Junta de Andalucía

Entra en vigor la nueva ley de igualdad impulsada por un Consejo de Gobierno que tampoco es paritario

Entra en vigor la nueva ley de igualdad impulsada por un Consejo de Gobierno que tampoco es paritario

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La igualdad sigue asemejándose a un canto de sirena en muchos aspectos. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía que entrará en vigor hoy, tras conseguir el visto bueno del Parlamento regional el pasado 26 de septiembre gracias a los votos de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs). En la exposición de motivos de la norma se asevera que «el desarrollo de políticas positivas para la igualdad, tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado español, ha sido impulsado y propiciado por los avances que en esta materia se han ido produciendo en Europa, con el objetivo de alcanzar una igualdad efectiva de hecho, una vez lograda la igualdad de derecho». Pero en ese fluir, aún queda por hacer.

LA RAZÓN utilizó el portal de transparencia que nutre el Ejecutivo autonómico para plantear algunos interrogantes ligados a esa materia, entre ellos el número de altos cargos del Gobierno andaluz ocupados en la actualidad por mujeres y el porcentaje que éstos significaban con respecto al total de esos directivos. La encargada de responder ha sido la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a la que el departamento de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta le derivó la cuestión. Desde allí trasladaron que, una vez analizada la demanda de información y hechas las comprobaciones para determinar si le eran aplicables «los límites al derecho de acceso» fijados en la legislación vigente, resolvieron aportar una serie de datos. «Con carácter previo» desde Economía explicaron que «el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Administración» de la comunidad. Cosieron que «está integrado por la presidenta, los vicepresidentes y los consejeros» y conformado esta legislatura que se diluye por «trece consejerías». En ese órgano se sientan «seis mujeres y ocho hombres, lo que en términos porcentuales se traduce en un 42,85 por ciento de mujeres respecto al total», desgranaron en relación a lo consultado.

Más allá del Consejo de Gobierno, la cifra de féminas con la consideración de alto cargo que existen en el seno de la Administración autonómica se eleva a un global de «112», de acuerdo a la información proporcionada a través del portal, lo que «se corresponde con un 41,33 por ciento respecto al total», con lo que prácticamente el 59 por ciento es masculino. Dicho de otro modo, el «staff» de la Junta está compuesto por 271 personas, de las que 159 son hombres y 112 mujeres, con lo que no es paritario. Por último, desde el área de Economía se anotó que en la sección de Transparencia del sitio web del Ejecutivo regional se puede acceder, en el bloque de publicidad activa, a más referencias sobre ese colectivo de trabajadores de la Junta.

De otro lado, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, parió otra contestación. Este diario se interesó además por conocer el grado de cumplimiento del I Plan Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013 y si éste se había actualizado o no con posterioridad a esa última fecha de referencia, dado que desde la oposición se advirtió de que estaba «caducado», lo que había impedido a las mujeres «ir hacia adelante» en los últimos cinco años. Ruiz aseguró que «se han implementado el 93 por ciento de las medidas contempladas» en aquél «en los cuatros años de vigencia del mismo», a lo que añadió que «se ha venido prorrogando de 2014 a 2017, ya que un elevado número de medidas de continuidad se han estado ejecutando durante este periodo». Iniciativas que no precisó.

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Entre las novedades de la nueva ley figura la inclusión de un régimen sancionador para prevenir situaciones de desigualdad. También se puede servir de ejemplo.

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Polémica en torno a la prostitución

Podemos e IU votaron en contra de la nueva ley de igualdad. Entienden que la norma podría ser «hasta inconstitucional» ya que, según su texto, se podrá «castigar» la organización de actos culturales, artísticos o lúdicos que «justifiquen la prostitución».