Los profesionales de Atención Temprana lamentan el «engaño» de C’s y Díaz

ATAI apoya la regulación por ley y teme que el nuevo decreto «usurpe» sus funciones con el objetivo de recortar el ingreso de niños en el sistema

Los profesionales de la Atención Temprana, un colectivo de más de 800 trabajadores, apoyan «sin fisuras» a las familias afectadas en la defensa de la proposición de ley que el Gobierno andaluz, con la traición de Ciudadanos, tumbó el pasado miércoles para dar respaldo a un nuevo decreto que trata de «usurpar» las funciones de los especialistas y los pediatras con la creación de unidades de diagnóstico específicas.

Rafael Ibáñez, su presidente, indicó a LA RAZÓN que el pregonado consenso con el sector al que se refería Susana Díaz el pasado miércoles en el Parlamento es incierto, pues la Junta sólo atiende como interlocutor válido al Cermi (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad), precisamente porque «es su mismo brazo político». A posteriori, y una vez tumbada la proposición de ley, es cuando la Consejería de Salud ha remitido el borrador y otorgado un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Con lo cual se destapa otra de las «mentiras» de Ciudadanos, que llegó a decir que era cuestión de días que los avances pactados en una reunión de tres horas con la presidenta se llevaran a cabo.

Ibáñez también alerta de que «casualmente» el mismo miércoles la Administración autonómica tramitó la devolución de 1,4 millones que mantenía atrasados con los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana) desde junio de 2015, aunque recuerda que aún hay muchos profesionales a los que se les adeuda varias nóminas. Con el nuevo modelo de conciertos los pagos se han agilizado, sí, pero los convenios no.

A juicio del portavoz de los profesionales de Atención Temprana, la sesión parlamentaria en la que se tumbó la proposición de ley fue «dramática» para las familias y ofreció una «penosa» imagen de quienes «deberían encontrar puntos de unión por los menores». «No hay derecho. La clase política no supo estar a la altura, eran políticos jugando a hacer política», lamentó Ibáñez, que hizo especial hincapié en el papel de C’s: «No se puede mentir de esa manera a los andaluces. Marta Bosquet afirmó que pasaríamos de un presupuesto de 11 a 33 millones, pero ni cuándo ni de qué manera». El aumento es progresivo hasta concluir la legislatura en 2019. Esto, a su juicio, supone un «engaño» en toda regla, porque «si no hay dinero, cómo se van a ampliar las terapias de los niños. Lo que necesita cada menor no es posible porque no tenemos medios». No obstante, los profesionales insisten en que «no todo es dinero» porque «nos movilizamos por una ley que dé confianza y estabilidad» no sólo en Andalucía «sino en todo el país».

«Estamos hablando de un derecho de los ciudadanos que debe ser y estar legislado, no debe ser una norma de carácter urgente y limitada en el tiempo como es un decreto que puede ser considerado como un medio, pero nunca como un fin», explica el comunicado remitido por ATAI.

Además, Ibáñez recordó a Susana Díaz que ni las familias ni los profesionales hablan de «medicalizar» a los menores sino de tener «cobertura del SAS». La Atención Temprana no supone un «tratamiento farmacológico» pero las terapias tienen un respaldo científico-médico. «No queremos estar en el mismo área de Salud donde se estudian las aguas fecales. El mismo jefe de área que estudiaba el caso del bar de Cádiz que vendía alimentos en mal estado es el que trata con nosotros. Estamos mal ubicado», insistió.

Los profesionales inciden en que el aumento presupuestario no tiene en cuenta el aumento en el número de niños que se puede dar en los próximos años, que puede crecer en un 50%, «salvo que se recorte el ingreso de los niños a los CAIT, según los criterios ‘objetivos’ de la Consejería». En Cataluña, con un millón menos de habitantes, se atienden casi el doble de niños.

C’s dice estar «plenamente satisfecho»

El cambio de opinión de Ciudadanos el mismo día en el que se debatía la proposición de ley continúa dando que hablar. En el propio Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el grupo Participa denunció la «traición» de la formación naranja a las 20.000 familias con niños con trastornos en el desarrollo, que ayer defendía al colectivo de celíacos con una moción específica. Javier Millán, portavoz de C’s en el Consistorio hispalense, dijo que su partido estaba «plenamente satisfecho» por haber «elegido el camino correcto». Además, argumentó que la ley iba a «demorar más la protección de los menores» que el decreto que presentó el Gobierno andaluz.