Andalucía

Medio Ambiente rebaja a la mitad la inversión anunciada al sector forestal

La patronal considera «insuficientes» los 110 millones a los que ahora se compromete Fiscal

Estado que presentaba la zona de las Peñuelas de Moguer un año después del incendio
Estado que presentaba la zona de las Peñuelas de Moguer un año después del incendiolarazon

Fue en 2016 cuando el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se comprometió en su primera reunión con la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) a invertir casi 200 millones de euros en trabajos preventivos en los montes, en el contexto del marco comunitario del Plan de Desarrollo Rural (PDR) hasta 2020. El anuncio daba esperanzas a un sector que ha sufrido los envites de la crisis y el parón de la Junta en las licitaciones, lo que provocó el cierre de numerosas empresas vinculadas a las labores forestales. Recientemente, Fiscal anunció que el montante para los dos próximos años será finalmente de 110 millones de euros, casi la mitad del primer compromiso. Pese a que el director gerente de la AAEF, Javier Loscertales, califica de «insuficiente» esta cantidad, sí valora positivamente el hecho de que empiecen a licitarse trabajos que estaban pendientes.

«No sabemos a qué se debe esta reducción, salvo que el consejero esté incluyendo las ayudas a particulares», asegura a LA RAZÓN Loscertales, quien apunta que el pulso en la Administración autonómica se está recuperando, con la licitación de trabajos que «deberían haberse realizado en 2016 y 2017». Este año, según apunta, la inversión alcanza los 30 millones de euros. Pese a todo, la patronal sigue reivindicando un montante de casi 35 millones anuales, una cifra «similar a la que ha venido gastando la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) en tratamientos selvícolas y que se dejó de invertir en el sector privado durante la crisis». Loscertales, igualmente, pone el acento en el sistema de encomiendas de gestión a Amaya, recurrente durante los años duros de la crisis. Un procedimiento cuestionado por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda y que podría contravenir la propia ley de contratos del sector público, puesto que las encomiendas «sólo se deben utilizar en casos urgentes, y no para labores constantes».

Ahora, con la recuperación de las licitaciones a firmas especializadas, se abre un nuevo horizonte. Loscertales recuerda que un 30 por ciento de las empresas tuvieron que cerrar por la crisis, un nicho que ahora está siendo ocupado por nuevos proyectos empresariales. Sin embargo, considera «fundamental» que la Administración autonómica haga una planificación para que los empresarios, trabajadores y sindicatos «sepan qué nivel de inversión vamos a tener en los próximos cuatro o cinco años».

Aunque el riesgo de incendios es elevado cada verano, Loscertales confía en que este año no se produzcan grandes sobresaltos debido a las últimas lluvias y a las temperaturas suaves. «Ha crecido la biomasa tras este invierno tan lluvioso, pero los responsables del Infoca están más tranquilos».

Voluntarios para reforestar Doñana, una medida «populista»

Se cumple un año del incendio que devastó casi 10.000 hectáreas del entorno de Doñana, una catástrofe medioambiental sin precedentes que no sólo afectó a la vegetación de la zona, sino a los núcleos turísticos próximos. Salvo trabajos puntuales, la Junta todavía no ha diseñado un plan de reforestación que abarque todas las zonas afectadas. Recientemente, anunció un proyecto para el entorno de las Peñuelas, que empezará a ejecutarse el próximo otoño y que contará con una inversión de 1,9 millones de euros. Una vez concluidas las labores de extinción, la Junta anunció que reclutaría a voluntarios para agilizar la recuperación de este espacio de singular valor ambiental, dada la ola de solidaridad que se creó, fundamentalmente a través de las redes sociales, cuando el fuego se propagó de manera repentina. El director gerente de la AAEF, Javier Loscertales, considera que esta medida tiene un alcance «populista», puesto que las tareas de reforestación están supeditadas a un plan realizado por técnicos, que son los que determinarán las necesidades. «Que llegue allí gente con un pino comprado en un vivero no tiene ninguna viabilidad», subraya. Aunque el grueso de la actuación le corresponde a la Administración, las empresas aspiran a realizar algunas tareas en la zona.