Andalucía
Montero obvia los 1.350 millones que pide la Junta y rebaja a 160 su ayuda financiera
La ministra de Hacienda reconoce con este abono que Andalucía no cumplió el objetivo de déficit cuando fue consejera
La ministra de Hacienda reconoce con este abono que Andalucía no cumplió el objetivo de déficit cuando fue consejera
Después de la amarga queja de varios presidentes autonómicos por la intención del Gobierno central de abonar casi 250 millones de euros a la Comunidad Valenciana para mitigar su asfixia financiera, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se vio obligada ayer a anunciar la extensión del excedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades autónomas que le correspondan, como Andalucía. De paso, Montero reconocía así que la región no cumplió el objetivo de déficit en 2018, por lo que le correspondería 160 millones de euros. Un ejercicio, precisamente, en el que fue consejera de Hacienda.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, criticó esta decisión y aseguró que la intención de Montero es «tapar el déficit de 2018 que ella misma creó como consejera» e insistió en reclamar los 1.350 millones de euros que corresponden a Andalucía por las entregas a cuenta y la liquidación del IVA. «Nosotros nunca hemos pedido el FLA, así que Montero anuncia que nos da un dinero que no nos sirve para garantizar servicios públicos de calidad», subrayó el jefe del Ejecutivo andaluz, quien lamentó que la Junta no ha recibido aún respuesta a la carta dirigida al Ministerio que sí han tenido otras comunidades como Murcia o Galicia.
En este sentido, dejó claro que «no caben excusas de mal pagador». «Que nos aclare la situación, convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y busque soluciones porque nos está empujando a muchas comunidades que no somos de su color político a la asfixia financiera y al menoscabo de fondos para servicios esenciales», recalcó. El presidente de la Junta también calificó de «sorprendente» que Montero haya facilitado en sus declaraciones el dato correspondiente al déficit de 2018, que «tiene que tener la Intervención del Estado pero que formalmente no se nos ha comunicado». De hecho, es en octubre cuando se suele hacer público.
La ministra, por su parte, aseguró que su departamento sigue trabajando en la fórmula que le permita traspasar a las comunidades la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. La solución tiene que ser «técnicamente impecable», señaló, por lo que no se hará ningún anuncio hasta que esté «estructurada». Montero insistió en que espera que la transferencia de este dinero se pueda realizar en breve y en que, en cualquier caso, servirá para atajar problemas de tesorería, es decir, de pago de facturas, lo que no justifica hacer recortes presupuestarios. Si alguna comunidad los aprueba antes de final de año, subrayó, «será por otros motivos y no por el retraso en estas entregas a cuenta».
El anuncio de Montero generó controversia. El PP-A exigió a la ministra que «no meta en líos» a Andalucía e insistió en reclamar los 1.350 millones de euros pendientes. La comunidad autónoma «no tiene un problema de tesorería y salió del modelo de transferencias a través del FLA hace un tiempo, mientras que Valencia no lo hizo porque sí tiene problemas de liquidez serios», aseguró el portavoz parlamentario de la formación, José Antonio Nieto. A su juicio, a cada comunidad «habrá que hacerle los pagos que le correspondan por el sistema pertinente». «Cada comunidad tiene perfectamente fijado su modelo y no queremos que el caos socialista sea el de todas», apuntó, además de señalar que si hay alguna situación jurídica «un poco más dudosa», que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se debata allí.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, acusó a Montero de «dar permanentemente bandazos» y de querer incluir «ahora» la financiación autonómica en la precampaña electoral. Romero aseguró que Andalucía «no es segundo plato» y también reclamó los 1.350 millones de euros «que se nos deben», toda vez que criticó que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «está jugando una estrategia política». «No se puede jugar con la lealtad y el dinero de los andaluces y no se pueden poner los intereses de Sánchez y de un partido por delante de los intereses de los andaluces», defendió Romero, quien destacó que «Cs no va a renunciar a lo que por ley corresponde».
Por contra, el PSOE-A lamentó que la Junta «ha creado una polémica artificial e interesada» en relación con el extra del FLA. Por tanto, el Ejecutivo autonómico «busca confrontar con el Gobierno de España por la coyuntura política». A su juicio, este asunto «le puede producir algún rédito» y criticó que «mezcle las entregas a cuenta con el FLA y un agravio con Valencia».
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