Órdago sindical al bipartito el 19-D

Antes de que se produzca la movilización que promueve el bipartito coincidiendo con el día de Andalucía, hay ya otra que tienen en cartera los funcionarios, pero con un cariz muy distinto: protestar por los recortes de la Junta de Andalucía. La plataforma autonómica de sindicatos del sector público tiene prevista una gran movilización a las puertas del Parlamento andaluz el próximo día 19 de diciembre, coincidiendo con el debate final de aprobación de los Presupuestos. A la convocatoria sólo le falta la ratificación el miércoles de la próxima semana. A menos que el Ejecutivo de José Antonio Griñán cumpla con las exigencias de los sindicatos –una cuestión muy difícil atendiendo al posicionamiento de la Junta– la protesta seguirá adelante.

Una de las principales reclamaciones de los sindicatos es que la Junta compense, igual que lo van a hacer Extremadura, el País Vasco y Navarra, la supresión de la paga extra de Navidad; y que el próximo año no aplique el recorte de las extras de junio y diciembre.

El Gobierno ya ha avanzado que llevará a los tribunales a las regiones díscolas que sorteen el Real Decreto Ley aprobado para paliar el déficit público por incurrir en un posible delito de prevaricación. La norma estatal impide pagar la extra en diciembre, pero no trasladar la gratificación a enero del año próximo. Este vericueto legal es el que barajan estas comunidades, retando la posibilidad de hacerlo en fraude de ley. Sindicatos como CSIF piden a la Junta que lo secunde, lo que supondría que los empleados públicos andaluces tuvieran tres extra en 2013. El pago de la extra de 2012 por la vía del complemento de productividad –otro vericueto a explorar– entiende CSIF que sería una maniobra más complicada, ya que habría que hacer una habilitación de crédito.

En cualquier caso, la Junta no tiene ninguna intención de compensar la pérdida de la extra de diciembre. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, señaló recientemente que en Andalucía no es posible «regular en contra» del decreto del Gobierno. La Junta, no obstante, sí ha regulado reiteradamente en dirección contraria al Gobierno con medidas como la complementación autonómica de las pensiones mínimas. Esto le granjeó al ex presidente Chaves un importante polo de confrontación con el Gobierno de Aznar. La diferencia con la situación actual –ahora la máxima en San Telmo es que no van a meterse en guerras que no puedan ganar– no es normativa, sino esencialmente económica. Andalucía cuenta con más de 261.000 funcionarios. Al País Vasco, con 70.000 empleados públicos, la medida le costará 207 millones de euros.

Se da la circunstancia además de que los funcionarios andaluces serán los únicos en toda España que el año próximo tengan recortadas las extra de junio y diciembre, lo que supone en torno al 5 por ciento menos de la retribución anual. En sectores como Sanidad la bajada es sensiblemente superior. Esta medida está contemplada en el Plan de Reequilibrio Económico Financiero (2012-2014) ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Concretamente, con la eliminación de los complementos adicionales de las dos pagas y la reducción del 10 por ciento de las percepciones variables, el Ejecutivo autonómico prevé ahorrar 142,8 millones de euros en 2013. Tampoco está la Junta dispuesta a dar su brazo a torcer en este terreno. De hecho, CSIF aprovechó un encuentro bilateral la pasada semana con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, coincidiendo con la firma de la rebaja de créditos horarios de los sindicatos, para preguntar por este asunto. La respuesta de Aguayo, según fuentes de este sindicato, fue remitirse al Plan Económico Financiero y a la imposibilidad de modificarlo, ya que tiene el visado del Gobierno central.

En el sector sanitario se suman otros recortes heredados a nivel nacional como la ampliación de la jornada extra a 37 horas y media, que provocan que, en enfermería, por ejemplo, todas las mermas salariales entre 2010 y 2012 arrojen una diferencia retributiva de 4.710,18 euros, según una estimación del sindicato Satse en el caso de una enfermera hospitalaria tipo, con 6 trienios de antigüedad y nivel III de carrera profesional. En el caso de los médicos, los recortes superan los 7.000 euros. De ahí que el secretario general autómico de Satse, Francisco Muñoz, lance, en declaraciones a este periódico, un serio aviso a navegantes: «Si la Junta no devuelve la paga de Navidad y no modifica los recortes de las extra para el año que viene, nos aboca a un conflicto permanente. No sé si son conscientes de ello».

Algunos sindicatos consultados por LA RAZÓN como CSIF, CC OO y Satse coinciden en señalar que se pondrán en contacto con los grupos parlamentarios para intentar conseguir que en el sprint final del debate de Presupuesto se dé cabida a sus reclamaciones. El único grupo que podría hacer cambiar de opinión al PSOE es IU, pero en sus 9 enmiendas no hay referencia alguna al recorte de pagas extra. Además de esta vía, el Sindicato de Funcionarios de la Junta (SAF) tampoco descarta la vía de los tribunales. El presidente de esta plataforma sindical, José Manuel Mateo, apela a una sentencia del Tribunal Supremo que deja claro que los derechos consolidados por los empleados públicos no se pueden tocar. «Si la Junta no entra en cauce de diálogo, iremos a la calle y a los tribunales».

El secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Francisco Iglesias, asegura a este periódico que la Junta tiene que «llegar a algún acuerdo o aplicar alguna decisión para que los empleados públicos andaluces no se vean más perjudicados que los del resto de España». «Es una medida totalmente discriminatoria, injusta y puede además tener un impacto negativo en los ingresos. Si los funcionarios tienen menos dinero, gastarán menos». «Es una paradoja que los andaluces seamos los que más vamos a sufrir los recortes cuando en la Junta dicen que son los que menos recortan».

El secretario general de Enseñanza de CC OO-A, José Blanco, recuerda también que hay «margen legal para mantener las retribuciones. La paga extra es cierto que es norma básica del Gobierno, pero sobre los complementos adicionales tiene la competencia la Junta. Hay margen».

La plataforma autonómica aglutina a más de una treintena de sindicatos, con sólo algunas excepciones como el SAF o el Sindicato Médico. En el caso de que la convocatoria prenda con fuerza, teniendo en cuenta el clima generalizado de descontento, puede suponer un serio órdago a los dos socios del bipartito. De forma singular a IU, porque le desmorona su discurso oficial en contra de los recortes.