Pedir gracias al Rey

Con la secesión, Cataluña se vería abocada a una situación insostenible con un déficit público superior al 25% del PIB

El Rey Felipe VI (i) recibió el pasado jueves al presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre / Foto: Quique García
El Rey Felipe VI (i) recibió el pasado jueves al presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre / Foto: Quique García

Con la secesión, Cataluña se vería abocada a una situación insostenible con un déficit público superior al 25% del PIB

El Rey Felipe VI recibía en audiencia hace sólo unos días en Barcelona al presidente de la asociación de empresarios catalanes de mayor respaldo. En ella el Jefe del Estado escuchó –entre otras cosas– la petición del representante de los empresarios catalanes de medidas de incentivo para favorecer el retorno de las empresas que cambiaron su domicilio social y/o instalaciones fuera de Cataluña como consecuencia del desafío independentista. Naturalmente no dependen del Monarca tales «gracias» pero sí trasladarlas al nuevo Gobierno si así lo considera. Sólo en los quince meses transcurridos entre el referéndum del 1 de octubre de 2017 y finales de 2018 hubo 4.880 empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña. Si afinamos el cálculo considerando también las empresas de nueva creación en Cataluña durante ese tiempo e incluso ya metidos en 2019, aún resulta una pérdida neta de 3.650 empresas, representando el 20 por ciento de esa región.

Tenía pendiente de lectura un documento de trabajo del Catedrático de Economía Mikel Buesa, titulado «Economía política de la independencia de Cataluña», y he podido hacerlo ahora. Es un documento científicamente robusto que dedica una parte central del mismo a desmontar los falsos supuestos sobre los que se realizó la investigación «La viabilidad económica de una Cataluña independiente», publicada en 2014. Sus autoras son dos académicas fuertemente comprometidas con el fallido intento de secesión en Cataluña. La primera, Nuria Bosch, ha formado parte del denominado Consejo asesor para la transición nacional de Cataluña y la segunda, Marta Espasa, del Consejo asesor para la reactivación económica de Cataluña. Su trabajo da por hecho que Cataluña seguiría dentro de las instituciones internacionales y mantendría el euro como moneda. Sólo ese supuesto invalida sus cálculos.

Mikel Buesa –buen conocedor de la Historia y no sólo de la Historia económica– recuerda en su trabajo cómo el argumento económico no ha formado parte del discurso de los partidarios del derecho de autodeterminación. Un discurso históricamente basado en la apelación a razones identitarias de una patria pretendidamente arrebatada. Sin embargo, ahora y no sólo en España, los movimientos separatistas han incorporado al listado de su argumentario las ventajas que –en su opinión– el bienestar de sus ciudadanos alcanzaría de obtener la independencia.

Buesa explica eficazmente en pocas palabras que el déficit fiscal catalán –incluso cuando se reduce a la cifra real inferior a los 9.000 millones de euros– no es sino el anverso contable de la preeminente posición comercial que Cataluña mantiene en el mercado interior español, situación que comparte con otras regiones como Madrid, las Islas Baleares, Valencia o Navarra. En otros términos, el déficit fiscal es consecuencia de su beneficiosa posición en los intercambios comerciales con el resto de España. En sentido contrario, el déficit fiscal desaparecería si las ventas de las empresas catalanas al resto de España cayesen significativamente.

Cataluña comercia con el resto de regiones españolas –incluida Andalucía– con una intensidad que es 55 veces superior a la que lo hace con cualquier otro país del mundo bajo el supuesto de igualdad en cuanto al tamaño económico y la distancia geográfica. Esta intensidad, vista ahora en perspectiva internacional, es 52 veces mayor con países de la Unión Europea que con el resto. Buesa calcula que una separación entre los mercados español y catalán equivaldrá al establecimiento de una barrera arancelaria del 77,6 por ciento. La misma idea llevada al comercio con los países de la Unión Europea supondría, en la práctica, establecer un arancel del 75,5 por ciento.

Con todo lo anterior, la Arcadia de una Cataluña independiente en la que sus inspiradores casi prometen vivir opulentamente sin necesidad de trabajar se desvanece como una alucinación inducida artificialmente. Tanto es así que tomando como precedentes los estudios disponibles para las secesiones post-soviéticas en Checoslovaquia, Yugoslavia y otros territorios de la antigua URSS, Mikel Buesa calcula que la Generalidad se vería abocada a una situación insostenible en la que los gastos superarían a los ingresos en más de 35.000 millones de euros, provocando un déficit público superior al 25 por ciento del PIB, imposible de financiar recurriendo al endeudamiento y provocando, por tanto, la quiebra del hipotético gobierno.

Es cierto que los documentos científicos son consustancialmente de difícil lectura para quienes no están familiarizados con la materia que se aborda. Sin embargo, de la misma forma que el secesionismo consiguió durante años acuñar el «España nos roba» como verdad no contestada, trabajos como los del profesor Mikel Buesa bien merecerían de mayor atención mediática habida cuenta de la importancia de mantener un mercado interior como el español. Un mercado gracias al cual encontramos empleo millones de compatriotas y personas que han venido a España buscando un futuro mejor.