Peritos y testigos no logran que Chaves y Griñán se sacudan el yugo de los ERE

Fiscalía y PP creen probado que conocían las «irregularidades» y mantienen su acusación contra ellos

Los encausados volvieron al banquillo como quien ya cumple un ritual y escucharon pocas variantes de las acusaciones contra ellos que ya sabían, pese a casi once meses de juicio y salvo alguna excepción. La Fiscalía Anticorrupción mantuvo en sus conclusiones finales la acusación para 21 de los 22 investigados en la pieza política del «caso ERE», de la que excluyó solo a un emocionado ex secretario general de Hacienda de la Junta Antonio Estepa, al liberarlo del único delito del que se le acusaba, «más que un premio de la lotería», en sus palabras. Entre los que por contra volvieron a escuchar sus nombres junto a una petición de pena que conocían se encontraban los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para quienes el Ministerio Público solicitó de nuevo diez años de inhabilitación por presunta prevaricación en el caso del primero, y seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por supuesta prevaricación y malversación continuada en el del segundo. Esto último demandó también para el ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete y para la ex secretaria de Empleo Lourdes Medina, con lo que rebajó en dos años lo planteado para ellos de inicio.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández no movieron su posición respecto al resto de enjuiciados: el ex interventor general del Gobierno autonómico Manuel Gómez, los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías; los ex viceconsejeros Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y José Salgueiro; los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director de Presupuestos Antonio Lozano; el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; los ex secretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez; y el ex jefe del gabinete jurídico del Ejecutivo regional Francisco del Río. Anticorrupción los culpa en esencia de conocer «el uso del procedimiento» seguido por la Consejería de Empleo para «la gestión presupuestaria» de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis millonarias «mediante la utilización de transferencias de financiación del programa 31L –el bautizado como 'fondo de reptiles'–» y de las «irregularidades» surgidas a su alrededor. Todo ello a partir de un convenio marco suscrito entre Empleo y los entes IFA/agencia IDEA –que actuaron de cajas pagadoras– «nunca publicado en el BOJA –boletín oficial autonómico–» ni revisado por el gabinete jurídico o la Intervención de la Junta o los servicios jurídicos del IFA/IDEA. La Fiscalía cree probado además que los encausados no ignoraban los avisos de la Intervención plasmados en un informe adicional de ayudas de 2003, aunque firmado en 2005, centrado en el IFA, que luego se repitieron en otros; ni «las consecuencias de la gestión de los fondos del programa 31L». Les recrimina que «no sólo no hicieron nada para poder iniciar los expedientes oportunos» encaminados a «reintegrar a las arcas públicas de la Junta de Andalucía» el dinero dilapidado, sino que «posibilitaron y permitieron que, año a año», conforme a «las facultades y potestades» que sus cargos les conferían, «se siguiera reproduciendo el mecanismo» que favoreció un presunto reparto fraudulento de subvenciones. Unas ayudas cuya concesión a menudo no se difundía, con lo que, como subrayó el Ministerio Público, se privó «de su derecho a acceder» a ellas a «un importante número de empresas en situación de crisis económica o tecnológica» y a trabajadores andaluces afectados por el desempleo u otras circunstancias difíciles.

Los representantes procesales del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fouster, por su parte, se adhirieron a las conclusiones definitivas de la Fiscalía salvo en algunos aspectos. Como aquélla también excluyeron a Estepa, aunque no suscribieron la rebajas de penas para Cañete y Medina. Los letrados de los populares incluyeron, no obstante, respecto a los hechos punibles fijados por la Fiscalía «la aprobación de los Programas de Actuación, Inversión y Financiación de IFA/IDEA por el Consejo de Gobierno de la Junta» en la medida en la que daban el visto bueno a «los presupuestos de explotación de la agencia» donde se reflejaban en los ingresos «el importe de las transferencias de financiación como forma de allegar fondos» a esas cajas pagadoras «a sabiendas de que los mismos iban a ser destinados al pago de subvenciones», en un «uso inadecuado». Para equilibrar el presupuesto, en los gastos «se consignó» de 2002 a 2008 «un importe equivalente» de costes «ficticios». Apuntaron en concreto a los responsables de Hacienda, como los encargados, entre otras cuestiones, del control de los pactos entres las consejerías y sus empresas públicas; y reiteraron la «falsificación» de las cuentas de IDEA de 2010.

La tercera de las acusaciones, la de Manos Limpias, libró de la causa a Estepa, al ex interventor, al ex jefe de los letrados de la Junta y a Chaves. Su abogado, Rafael Prieto, quien ha formulado durante toda la vista oral cinco preguntas, una a una testigo y cuatro a un perito; argumentó que, aunque esa parte «pueda tener la íntima convicción» de que tanto Chaves como Del Río, «por su prestancia y por sus cargos», pudieron «ser en no pocas veces consultados e informados de lo que es objeto de autos», ello no pasa de ser «unas sospechas», de ahí su paso atrás. Otro repunte de su intervención se produjo cuando anunció que, tenían «dudas jurisprudenciales y doctrinales» en relación al delito de malversación, que apartaron «por prudencia» de «todos los acusados», lo que implica desviar de ellos la sombra de la cárcel. En definitiva, el relato renació algo distinto.

Las defensas también tomarán la palabra

Los abogados de Manuel Chaves y José Antonio Griñán proclamaron ayer su inocencia, como ya hicieran en sus conclusiones provisionales, y pidieron su absolución. Fuentes de las defensas destacaron ayer a LA RAZÓN que «el trámite de conclusiones» se desarrolló «con total normalidad». «Las acusaciones han presentado las modificaciones según cada una ha interpretado el resultado probatorio desarrollado durante varios meses y ahora –hoy–, las defensas haremos lo propio, hasta llegar al trámite de informe» y con él a lo minucioso de las tesis.