Administración Pública

Reclaman a Aguayo información sobre el número y coste del personal eventual

La Razón
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El PP quiere conocer los motivos por los que la Junta no refleja los datos referentes al personal eventual en la Relación de Puestos de Trabajo al servicio de la Administración general y de los organismos autónomos.

Así lo reclama el diputado del Grupo Popular Rafael Ruiz Canto en una pregunta parlamentaria con ruego de contestación escrita dirigida a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Ep, Ruiz Canto pide a Martínez Aguayo que detalle «la cifra total de personal eventual al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, con detalle por consejerías y organismos autónomos».

El parlamentario popular solicita además a la consejera que explique «qué motivos justifican la falta de reflejo en la RPT de la Junta de Andalucía de los datos referentes a este personal, a diferencia de lo que sucede en la Administración General del Estado, en otras comunidades autónomas y en la Administración local».

En otra pregunta por escrito, Ruiz Canto también se interesa por conocer el ahorro que ha supuesto en gasto de personal eventual la reducción de altos cargos y consejerías aprobada por la Junta al inicio de la actual legislatura, cuyo impacto económico fue cuantificado por el Consejo de Gobierno en «cerca de cuatro millones de euros».

El diputado del PP-A quiere que la Junta enumere «cuántos puestos efectivos han sido eliminados y/o han visto reducir sus retribuciones», así como «el detalle del gasto ejecutado en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 por este concepto, incluyendo complemento o plus de productividad, indemnizaciones por razón del servicio y gastos de Seguridad Social».

Despidos de promotores

En otra pregunta, la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero reclama información sobre el importe de las indemnizaciones por despido y terminación de contrato a las que la Junta ha tenido que hacer frente en el caso de los promotores de empleo y los agentes locales de promoción de empleo.