Retrasan a marzo el juicio a Julián Muñoz y Roca por el «caso Pinillo»

Hay una veintena de acusados por una operación urbanística en una finca de Marbella

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha retrasado para el 7 de marzo el inicio del juicio por la operación urbanística en la finca El Pinillo de Marbella (Málaga), caso en el que hay acusadas una veintena de personas, entre ellas el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el ex alcalde de dicha localidad Julián Muñoz.

La Sala tenía previsto comenzar este lunes, pero finalmente se ha retrasado al 7 de marzo. Inicialmente, se fijaron unas 40 sesiones a lo largo de varios meses, con la previsión inicial de terminar a finales de octubre. La Fiscalía Anticorrupción acusó al ex alcalde de Marbella, al cerebro del «caso Malaya» y ex gerente de Planeamiento 2000, a ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), a ex funcionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusó en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe del Tribunal de Cuenta. A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel.

En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el Ministerio Fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión. La acusación sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella «los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros». En este caso, la acusación señala que Roca promovió «la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados». Asimismo, el Ministerio Público decía en su escrito que Muñoz «tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin»; mientras que los concejales integrantes de la Comisión de Gobierno, también acusados, «ratificaban de manera tan automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella».