Sanz supedita la dimisión de los ediles de Tomares a la imputación de la juez

En el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) no habrá destituciones, al menos de momento, pese a la investigación judicial de un contrato supuestamente irregular que ha provocado que éste acapare la atención mediática en las últimas semanas. Así lo apuntó ayer el alcalde de la localidad desde hace siete años y secretario general del PP-A, José Luis Sanz, tras defender que la iniciativa del juzgado responde a una «denuncia política» y aseverar que tiene «la absoluta tranquilidad y certeza de que la Justicia lo pondrá todo en su sitio y a todos en su sitio».

En su primera comparecencia después de que el pasado jueves la Policía requisase dos ordenadores en el Consistorio, el «número dos» del PP-A arguyó que se trata de «una denuncia política que la Fiscalía fundamenta» en las declaraciones de dos concejales de la oposición, en concreto uno del PA y otro de IU, y «en la de dos ex concejales del PP, que ya no van en las listas».

«Se cuestiona –expuso– un contrato menor de servicios que considera la Fiscalía que es irregular, cosa que no cree ni el secretario del Ayuntamiento ni el interventor, a quienes, hubiera sido muy lógico que les tomaran también declaración en su momento», deslizó. Para apostillar después que ese contrato forma parte de un expediente «completo», en el que consta la firma del propio Sanz junto al visto bueno de los dos mencionados responsables municipales y que el Ministerio Público no habría reclamado. Sí la juez, a la que, según quiso dejar claro, se le ha hecho llegar.

En ese escenario, el dirigente popular mantuvo que si les pidiera ahora la dimisión a los tres concejales afectados por la polvareda «estaría cometiendo una gravísima injusticia», dado que posee «la certeza de que en el Ayuntamiento de Tomares no ha habido ninguna irregularidad». «Absolutamente ninguna», zanjó. Preguntado por LA RAZÓN si les solicitaría la salida en el caso de que la magistrada mantuviera en el futuro la imputación a los tres ediles respondió: «Estoy convencido de que no ocurrirá, pero no le quepa la menor duda de que no podría ser de otra forma».

Sanz, quien también negó que la actuación judicial del jueves en dependencias de la Administración local constituyeran un «registro», puesto que ello implicaría que él hubiera ocultado a la Policía Judicial dónde estaban los ordenadores requisados, insistió en un mensaje: se ha colaborado «al máximo con la Justicia». «Toda la información que ha solicitado la juez –proclamó– se le ha mandado en el minuto uno».

En ese sentido, recordó que nunca «ha ido a ninguna Junta de Gobierno a levantar el reparo de ningún secretario ni de ningún interventor. No he tenido ninguno, no me ha hecho falta», reiteró para recalcar que no se ha producido « irregularidad» alguna en el contrato cuestionado.

Para el secretario general de los populares andaluces, los alcaldes de su formación, incluido él mismo, «son ejemplos y modelos de gestión en Andalucía», frente a lo que «representa el PSOE en los ayuntamientos andaluces». Desde esa convicción, Sanz mantuvo que comparar lo investigado en el Ayuntamiento de Tomares con la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, el «caso Mercasevilla», o el de Fitonovo, es una «gravísima irresponsabilidad», que «no responde al más mínimo rigor informativo». De hecho, achacó el revuelo mediático levantado en torno a este asunto a su cargo en el PP-A.