«Se rozó la esclavitud» en un curso pagado por la Junta

El ex jefe de servicio de Formación en Huelva José Ángel Gil Flores, investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la causa que sobre los cursos arma el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, proclamó la honradez e imparcialidad de su gestión durante la etapa que ocupó el cargo –de 2001 a 2013– ante la comisión parlamentaria creada al calor del presunto fraude.

Si bien, su nombre aparece en un informe policial de ese sumario al que ha tenido acceso LA RAZÓN, centrado en Víctor Miguel V. F., a quien los investigadores consideran un «caza-subvenciones». Éste solicitó en mayo de 2010 una ayuda para un curso de «Elaborador de productos precocinados y cocinados» de 590 horas, con 15 alumnos y un compromiso de contratación del 60 por ciento. En junio de aquel año firmó un convenio de concesión de los fondos con el ex director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) onubense también investigado, Eduardo Muñoz, y se le otorgaron 57.225 euros sin concurrencia competitiva –ese mismo año pidió otra ayuda para una empresa de la que era administrador único en las mismas condiciones, que consiguió 55.845 euros–.

Una docente del curso de «Elaborador de productos precocinados y cocinados» aseguró a la Policía «saber» que Víctor Miguel V. F. mantenía «relación con José Ángel Gil Flores, personal de la Junta dedicado a la formación en Huelva, con quien trabajó anteriormente», según se recoge en el documento policial. Ese vínculo al margen, del destilado de las declaraciones ante los agentes de alumnos y profesores de esa acción formativa llama la atención que «todos» los primeros manifestaron que dos docentes no daban clases, sino que eran «los encargados de plantas en la cadena de trabajo» y su misión era «sacar el máximo rendimiento posible a los alumnos, llegando el trato», denunciaron los teóricos beneficiarios de la formación, a «rozar la ‘esclavitud’». Una profesora coincidió en que «la función» de sus dos compañeros era la de «exprimir a los alumnos cuando se integraban en la cadena de trabajo con ocasión de las prácticas». De hecho, los agentes recogen en su informe que «alguna alumna» abandonó su «compromiso» por «desfallecer durante una jornada laboral, fruto de la presión». Condiciones que «rozaban la esclavitud» que una de las estudiantes puso en conocimiento de la dirección de la empresa», aunque «hicieron caso omiso a sus peticiones», se recoge en el informe policial.

Es más, la técnico de seguimiento del curso de la Administración hizo constar en un acta que el alumnado no podía «llevar el ritmo habitual de los trabajadores de la empresa» y recomendó que se tuvieran «en consideración» a quienes participaban en el curso. «La solución de la empresa a este problema –asevera la Policía– fue hacer dos grupos y mientras uno recibía clases prácticas, el otro las recibía teórica». Una separación con la que «logra la empresa es exprimir al máximo el trabajo de los alumnos, los cuales nunca fueron tratados como tal», recalcan los agentes.

Para los investigadores, Víctor Miguel V. F., «de una manera u otra siempre» jugaba «con sus empresas» para «lograr revertir la mayor parte» de las subvenciones «en su propio beneficio», pese a que el dinero público debía destinarse a «la formación de los alumnos sin que exista ningún tipo de lucro».