Seis meses, el plazo para que los niños inmigrantes «no sean de nadie»

Andalucía espera la solidaridad de otras comunidades ante el colapso de sus centros

El centro de atención inmediata a menores de Piedra Redonda, en Almería, está al doble de su capacidad. Lo denunció ayer el sindicato CC OO. La situación es similar en otras provincias costeras porque la llegada de niños inmigrantes es incesante. Vienen solos y en el momento en que pisan España se convierten en responsabilidad de la Administración. El año pasado, Andalucía atendió a más de cuatro mil chicos; en los seis primeros meses de este ha tutelado a 1.500. El significativo aumento ha provocado que los refuerzos puntuales de plazas se estén convirtiendo en permanentes. Hace solo un mes, la Junta las amplió en 300, como ya había hecho en 2017. El esfuerzo económico es importante, 4,3 millones, según datos ofrecidos en abril por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales.

Mientras que Andalucía asume esa presión migratoria, asistiendo a todas las personas que llegan a sus costas y tutelando a los niños de manera permanente, hay comunidades donde la atención es prácticamente inexistente. Según los datos actualizados en 2017 por Save the Children, se auxilió a más de 28.000 personas migrantes en las costas españolas, de las cuales un 14% eran menores –acompañados y no acompañados–. Unos 3.400 desembarcaron en Andalucía. Melilla y Cataluña son las otras dos que atienden a más niños sin familia. La consejera María José Sánchez Rubio ha reclamado reiteradamente a España una aportación económica extra que Melilla o Ceuta sí reciben. Calificó la realidad andaluza en este ámbito como «una cuestión de Estado» y parece que el sonido ha llegado a la capital. La Conferencia Sectorial de Migración, que no se reunía desde 2015, citó ayer al Gobierno con las comunidades y avanzó que los Presupuestos de 2019 contarán con partidas específicas para respaldar a las regiones más afectadas, a través del Fondo de Integración. Antes de esa cita, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, aseguraba que «la solidaridad no se impone», lo que dejaría la colaboración de las regiones al criterio de cada una.

Más allá del aspecto económico, Save the Children remarca que es necesario unificar los 19 modelos de protección existentes –uno por cada comunidad, más las dos ciudades autónomas–. Esa desigualdad afecta directamente a los niños, que muchas veces escapan voluntariamente. En 2016, 331 menores salieron del centro y no volvieron, sin que la Junta, como responsable, ni ninguna otra autoridad hayan denunciado su desaparición, según denunció recientemente a LA RAZÓN la ONG. Por eso, entre las demandas a las administraciones han incluido que se elimine el plazo de seis meses para que la tutela ya no sea efectiva.