Treinta años en una chabola «de protección oficial»

Veinte familias del Polígono Sur de Sevilla fueron instaladas en 1991 en casas prefabricadas que el Ayuntamiento les arrendó provisionalmente, pero el realojo nunca llegó. Sus habitantes denuncian las condiciones «infrahumanas»

En 1991, veinte familias del Polígono Sur se mudaron a unas casas prefabricadas dispuestas «ad hoc» por el Ayuntamiento de Sevilla en el barrio de Las Letanías. El suelo era municipal, pero la colocación de las casetas de chapa, las hizo la entonces Consejería de Obras Públicas, según consta en un documento de seguimiento del Plan de Integral del Polígono Sur de 2006. Lo hizo en el lugar donde se asentaban las llamadas «casitas bajas de la Paz». Eran veinte casas prefabricadas, con patio, que dotaban a sus inquilinos de un espacio para almacenar la mercancía que les permitiera desarrollar su actividad principal, la venta ambulante. Ayuntamiento y vecinos firmaron un contrato de alquiler por un año, a razón de «dos mil pesetas al mes» (12 euros), fechado el 2 de diciembre de ese año y al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ricardo es uno los inquilinos de aquella primera hornada. Cuatro hermanos suyos viven también en este conjunto de viviendas «provisional», que actualmente cuenta con diecisiete casas y otras tantas familias que las habitan –una fue derruida tras realojar a sus ocupantes, otra se incendió y una tercera quedó destruida por un ajuste de cuentas entre clanes gitanos, según relatan desde la oficina del Comisionado del Polígono Sur–. La mala calidad de los materiales –un contenedor con techo de uralita y suelo de melamina– provocó su paulatino deterioro, convirtiéndolas en inhabitables en muchos casos. Casi todos han construido anexos ilegales para ampliarlas. Hay quien, como Carlos, ha reformado el interior para convertirlo en un hogar acogedor pese a sus deficiencias estructurales, pero la realidad de la falta de dotaciones mínimas como el alcantarillado convierte las zonas exteriores en un lugar intransitable.

En 2009, el Ayuntamiento invirtió 18.000 euros en arreglos urgentes en el sistema eléctrico, cambió bañeras por duchas e instaló en algunos casos termos eléctricos. Diez años después, la situación no ha variado. Sí lo han hecho algunas familias. De aquellas veinte primeras, quedan una decena. Las otras casas fueron ocupadas por personas procedentes de Portugal y de un asentamiento chabolista eliminado en el barrio de la Macarena. El Comisionado del Polígono Sur advertía en esa fecha de que no existía un plan de realojo por parte de las administraciones. El actual Comisionado, Jaime Bretón, tiene la eliminación de este reducto de infraviviendas como prioridad. Las «casitas bajas» se asientan entre la sede del centro de servicios comunitarios y el polideportivo municipal. El traslado de sus habitantes permitiría disponer de ese suelo para equipamiento público, mejorando así el barrio. Están a la orilla de la avenida de la Paz, una de las zonas más «normalizadas» del Polígono Sur. Bretón se ha reunido con las administraciones implicadas –Ayuntamiento y Junta– y pide erradicar este asentamiento un realojo a sus ocupantes.

Ellos coinciden en querer abandonar un núcleo chabolista que nunca debió de existir, pero no a cualquier precio. Tanto Ricardo como Carlos reconocen que han rechazado pisos en los barrios de Las Vegas, en pleno corazón de las conflictivas Tres Mil Viviendas, y en la zona marginal de Torreblanca, porque no quieren que sus hijos crezcan en ese ambiente. Los dos admiten también que viven en condiciones «infrahumanas». «La idea era que estuviéramos un año de alquiler en estas casas. Se supone que era provisional. No sé ni cómo aguantan en pie», dice Ricardo, que rememora cómo llegó hace casi treinta años a este poblado. «Vivíamos en los ‘comerciales’ –dice señalando a la acera de enfrente–. Nos fuimos a La Mancha a trabajar y cuando volvimos nuestra casa estaba ocupada, así que nos metimos allí». Y de esos locales comerciales pasaron a sus viviendas actuales. Su hermano recuerda que llegó hace tantos años como tiene su hijo, veintiocho. Tampoco muestra esperanzas de cambiar de vida después de tanto tiempo. Carlos, otro vecino que vive con su mujer y su hija adolescente, no ve un horizonte cercano de cambio pese a las reuniones con políticos y con trabajadoras sociales. Para él, lo ideal sería mudarse a un bajo en un edificio cercano a su casa, debido a la enfermedad degenerativa que padece su esposa. Comenta que hay vecinos que tendrían problemas para adaptarse a las normas de convivencia de un piso. Ambos recurren a la palabra «normalizados» para referirse a parte de esas familias que desean ser realojadas y sugiere que el Ayuntamiento realice un estudio para determinar quiénes están preparados para dar ese paso. «La convivencia es mala», dice escuetamente. Ricardo. Tan mala que hace solo unos días se vivió un enfrentamiento a tiros en sus calles.

Los problemas de salubridad –las ratas, aseguran, campan a sus anchas– son acuciantes en un lugar donde viven muchos niños, algunos con pocos meses de vida. Los servicios sociales municipales, a unos metros de distancia, realizan un seguimiento contínuo de todos los casos, pero la solución no parece cercana. El Comisionado, nombrado en agosto, cree que debe llegar de manera coordinada entre las administraciones. Un consenso que en casi treinta años no se ha producido.