Tres millones de fraude tras el tinte y el corte a 5 euros de las Peluquerías Low Cost

Un total de 37 detenidos por utilizar falsos contratos de formación, obteniendo beneficios de la Seguridad Social

El secreto estaba en el fraude. La cadena Peluquerías Low Cost arrancó su andadura en 2013, en plena crisis, y en pocos años rondó los 500 locales franquiciados, varios de ellos incluso en el extranjero, y con una previsión de abrir otros 350 locales este año, principalmente en España, Italia y Portugal. Con una inversión de 25.000 euros, IVA incluido, que incorporaba la adecuación del local (aunque en caso de ser un inmueble en bruto, los costes adicionales corrían a cargo del franquiciado), Peluquerías Low Cost buscaba «inversores» o «personas interesadas en el autoempleo», ofreciendo «formación continua» a los franquiciados, incluyendo asesoría previa. La formación, al parecer, no llegaba a los empleados. La Policía Nacional destapó ayer en Sevilla, germen de la empresa, un fraude de más de tres millones de euros con falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de la Seguridad Social (SS).

La operación se saldó con 37 detenidos: los propietarios y dirigentes de la marca principal, así como todos los dueños de franquicias repartidas por la provincia hispalense. La operación, una investigación conjunta de la Policía Nacional con la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, continúa abierta por todo el territorio nacional. Según informó la Policía Nacional, en 2015 los cinco dirigentes de la organización «crearon un entramado empresarial con sociedades franquiciadoras y empresas supuestamente dedicadas a formación, con la finalidad de lucrarse y beneficiarse de los incentivos y bonificaciones de la modalidad contractual de formación y aprendizaje, así como del pago de salarios inferiores a convenio, obteniendo mano de obra ordinaria a menor coste». La cúpula de la organización «era la encargada de la selección de los trabajadores, con experiencia y titulación, así como de realizar las gestiones de la Seguridad Social con las franquicias». Según la Policía, «imponían a los trabajadores aceptar contratos en formación, sin cumplir ninguno de los requisitos de los mismos». Los empleados se veían perjudicados en sus cotizaciones a la Seguridad Social y en sus condiciones de trabajo y sueldo. Sólo en cuotas de la Seguridad Social, el fraude puede superar los tres millones de euros. Los beneficios se repartían en dos bloques: la cúpula –integrada por los cinco jefes de la franquiciadora, que se beneficiaba de los saldos de acreedores de la Seguridad Social, «los cuales superan sobradamente el millón»–; y los franquiciados –32 personas, que se beneficiaban del ahorro de las cuotas de sus empleados–. La cadena arrancó incluso con incursiones mediáticas a través de programas como «El jefe infiltrado» y resultaba su expansión, con 500 franquicias alcanzadas en 2018 y la creación «de más de 3.000 puestos de trabajos gracias a su política –señala su web– de combinar experiencia y programas de formación a la hora de contratar trabajadores», una descripción que, de confirmarse el fraude, sería literal.