Un ente investigado de la Junta sigue con su batería de externalizaciones

Soprea, cuya gestión de los fondos Jeremie analiza la Justicia, contrata ahora a una consultura para desarrollar un sistema de control interno en su actividad de intermediaria de dinero público

No hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU (Soprea) de la Junta, cuya gestión de los fondos Jeremie –acrónimo del inglés «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises»– revisa la Justicia, continúa con los picotazos a los fondos públicos para externalizar tareas. Si ya se había hecho con los servicios del despacho de abogados Deloitte Consulting SL para que éste la asesorara en relación a la adquisición de un «sistema de gestión de préstamos» y de cara a la «elaboración» de un «código de conducta en materia de prevención de delitos y control de riesgos sancionadores»; ahora ha asignado a Pricewaterhousecoopers Auditores SL el desarrollo de un sistema de control interno (SCI) «en su actividad de intermediario financiero de los fondos reembolsables» de los que es «entidad colaboradora».

Como en ocasiones anteriores, el método seguido para asignar la contrata ha sido negociado sin publicidad y el importe total de la adjudicación se eleva hasta los 33.500 euros, sumado el IVA y según se puede comprobar en la plataforma de contratación que alimenta el propio Gobierno autonómico. Las actuaciones a abordar por el beneficiario partirán de un «diagnóstico de la situación actual» que incluirá el asesoramiento en la valoración de riegos clave operacionales, de normativa a aplicar, de fiabilidad de la información y otras cuestiones «reputacionales»; para continuar con una propuesta de hoja de ruta con planes de acción a partir de él, así como la confección de manuales de procesos y controles, y el planteamiento de actividades para el diseño e implantación práctica del mencionado SCI.

La relación profesional tendrá una duración de seis meses a partir de su entrada en vigor y no es susceptible de prórroga, de acuerdo a lo marcado en el pliego de cláusulas administrativas particulares vinculado a este asunto y consultado por este periódico.

La sociedad elegida ya trabaja con la Administración regional, que también pagó sus honorarios para, por ejemplo, cubrir la consulta jurídica y de gestión «en materia de contratación pública y de subvenciones de poderes adjudicadores» para la Fundación Pública Andaluza Progreso (FPS) y para el resto de entidades similares que conforman la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario autonómico (RFGI-SSPA en corto).

A los enumerados procesos contractuales ya cerrados, se suman licitaciones como una dirigida a cubrir «servicios de implantación de una herramienta para la gestión y seguimiento de operaciones financieras», con una cuantía asignada de 37.500 euros; o la encaminada a buscar asesoramiento ajeno en materia mercantil y laboral, rastreable también en la plataforma virtual del Ejecutivo autonómico, enlazada a un importe de 113.740 euros y con un valor global que se alza hasta los 141.000.

Soprea es una entidad dependiente al cien por cien de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ambas a su vez incrustadas en el organigrama de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que fue seleccionada como intermediaria financiero de 185 millones entre 2007 y 2013 procedentes de los fondos Jeremie, un instrumento promovido por la Unión Europea (UE) para facilitar financiación a empresas que cumplían determinados requisitos. La Cámara de Cuentas cuestionó esa adjudicación en un informe de fiscalización relativo a 2010 y centrado en Soprea y en los fondos sin personalidad jurídica en los que ésta intervino y luego lo ha hecho la Justicia.

No es un caso aislado

Esta entidad no es la única de la órbita del Gobierno andaluz que recurre a las externalizaciones, como ha informado este diario en múltiples ocasiones. De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción la ha ratificado en el caso de la sociedad pública de capital riesgo Venture Invercaria SAU, antes denominada Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria), en el ámbito de la causa centrada en ella que instruye el juzgado número 16 de Sevilla, con el juez Juan Gutiérrez Casillas al frente. El Ministerio Público pidió al magistrado que reclamara documentación a Venture, tras comprobar que la misma había contado «con asesoramiento jurídico externo para la práctica totalidad de sus operaciones» y desconocía incluso la autoría de un informe.