Valderas defiende que los ERE no marquen la agenda de la Junta

El coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, pidió ayer dar un «mayor impulso» a la acción política del Gobierno andaluz y defendió que su agenda «no puede estar marcada» por la acción judicial relativa al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Valderas aseguró que «la política andaluza no puede dejarse secuestrar por la acción judicial del caso ERE» y subrayó que la agenda del Gobierno de coalición entre PSOE-A e IU «no puede estar marcada por los juzgados ni por la Justicia», sino que precisa de un «mayor impulso a la acción política reforzando la información que se traslada a la ciudadanía».

El dirigente de izquierdas indicó que la Justicia tiene que seguir su curso y debe de hacerlo «con mayor velocidad», pero sin que la política andaluza se deje secuestrar por ésta. «La política tiene que tener sus tiempos sin ningún aspecto de recorte y no estar condicionada por la agenda judicial», insistió Valderas, quien destacó que «la vida sigue, la sociedad necesita respuestas y no puede tener un Gobierno secuestrado ni atrapado».

El líder de IU subrayó que «desde el principio» el caso de los ERE ha estado fuera del acuerdo político, subrayando que las dos fuerzas políticas que sostienen al Gobierno tienen y han tenido «las manos totalmente libres para actuar». Ello se demostró, apuntó, con las conclusiones que IU presentó en la comisión de investigación creada en el Parlamento, «que aunque eran correctas y acertadas fueron negadas por PP y PSOE». Tras señalar que serán estas dos formaciones las que tengan que dar explicaciones por su voto, especialmente el PP, por «bastardear» las conclusiones, Valderas insistió en que no le corresponde a IU pedir dimisiones en el seno de otras formaciones. Sobre los ERE dijo también que «éste no es el perro de IU, ni tampoco las pulgas».

Respecto a la comparecencia parlamentaria de Griñán, el líder de IU adelantó que su grupo va a «poner en valor todas las conclusiones» de la propuesta de dictamen que elaboró en su día el presidente de la comisión de investigación, en la que se situaban las responsabilidades políticas y administrativas en los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera –actual diputado del PSOE en el Congreso– y Antonio Fernández, imputado en la causa.