Varias defensas piden suspender el juicio tras admitirse nuevas pruebas de la acusación

El juicio del «procedimiento específico» de los ERE, que ya corría el riesgo de perpetuarse tras una Instrucción muy extensa, continúa sin acabar de arrancar. Ahora, las defensas de algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía han solicitado formalmente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex dirigentes autonómicos por el método de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos, la suspensión de las sesiones del juicio oral hasta que no cuenten en su poder con las nuevas pruebas documentales admitidas por el tribunal a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A.

Las defensas de la ex consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa han presentado sus escritos ante la Sección Primera, después de que, en auto de 22 de enero de 2018, se estimasen como pertinentes las nuevas pruebas propuestas por el PP-A (salvo la testifical de la presidenta de la Junta, Susana Díaz) y por el Ministerio Fiscal.

¿Y qué alegan las defensas? La de Martínez Aguayo formula «respetuosamente» la «más firme protesta por la admisión probatoria acordada», ya que «supone la vulneración del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva de los acusados». El abogado Víctor Moreno Catena habla de «evidente mala fe procesal».

Por su parte, el letrado Juan Carlos Alférez, en representación de Jacinto Cañete, formula «respetuosa protesta y salvaguarda de derechos, al considerar que la admisión de la prueba instada extemporáneamente por las acusaciones vulnera los principios de igualdad de armas, contradicción, derecho de defensa del artículo 24 CE, así como principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 CE». Alférez pide que las sesiones no prosigan en tanto «no dispongamos de la completa y profusa prueba documental»; «se nos confiera y transcurra un prudencial pero suficiente plazo» para su análisis y «utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término».

Para José Rebollo Puig, por parte de Manuel Gómez y Antonio Estepa, «resulta palmaria la indefensión provocada» ya que «lo que se pretende de contrario es completar y adicionar nuevos elementos a los escritos de acusación que en su día presentaron las acusaciones», recordando que «dicho trámite procesal precluyó», por lo que el material probatorio en cuestión «deviene extemporáneo e impertinente».