Política

Viera: «Soy maestro sin formación jurídica y confiaba en mis subordinados»

La Razón
La Razón FOTO: La Razón

El ex consejero de Empleo descarga toda la responsabilidad en Guerrero

Desconocía que a través del sistema de transferencia no se podían realizar estas ayudas y que existía normativa que limitaba operar mediante transferencias de financiación. En los cuatro años que estuvo de consejero no recibió informe que le advirtiera de algún tipo de irregularidad. Todo esto no estaba en el ámbito habitual donde el declarante se movía: el político. Todo esto lo ha conocido actualmente, cuando ha podido leer los distintos informes de la IGJA (Intervención General de la Junta de Andalucía)y asimismo que desconoce las objeciones que en el año 2003 puso la intervención y la contestación que a las mismas dio el IFA –Instituto de Fomento Andaluz, del que, precisamente, era presidente–, que «en ningún caso recibió de sus subordinados ningún informe con esas indicaciones». Éstos fueron los principales argumentos utilizados ayer por el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera en su declaración como imputado en el Tribunal Supremo dentro de la causa abierta a cinco aforados nacionales –los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, además del propio Viera– por el posible fraude de los ERE, cifrados en más de 800 millones de euros, en la que responsabilizó a sus subordinados, de forma específica y concreta al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, de las posibles irregularidades o ilegalidades concedidas en las ayudas sociolaborales o subvenciones a empresas en crisis. De hecho, aseguró que Guerrero nunca trató con él «de ningún tema relacionado con las ayudas o subvenciones, ni le comunicó la existencia de posibles irregularidades en estas ayudas». Su papel, destaca varias veces en su declaración, era el de tomar «la decisión política de ayudar o no a la situación planteada» y que, posteriormente, la Dirección General de Trabajo –dirigida por Guerrero– era la que «da forma a esa ayuda» En esta línea, incidió también en que a lo largo de los cuatro años en que fue consejero de Empleo nunca tuvo conocimiento de parte de la Inspección de Trabajo de la Intervención General del Estado «que se estuvieran cometiendo alguna anomalía en este procedimiento de las ayudas sociolaborales».

«Sorpresa y vergüenza»

De hecho, Viera, que negó haber ordenado que se concediesen ayudas a casi una treintena de empresas, y que tampoco tenía conocimiento de ningunas de ellas, excepto en dos casos, «ni con las empresas aseguradoras ni con el director general para que le explicasen este tipo de ayudas». De todo ello, dijo, se ha enterado «a través del presente sumario». Tampoco conocía nada de los porcentajes que las aseguradoras pagaban a los sindicatos, ni el pago con dinero público a distintos bufetes jurídicos «por asesoramiento». También aseguró desconocer las ayudas que se concedían sin el correspondiente convenio, sólo con la firma del director general, y que el conocer ese extremo le ha causado más que estupor: «Cuando las ha conocido ahora le producen sorpresa y vergüenza. En absoluto considera normal que en estos procedimientos no existe ningún tipo de documentación, lo que no podía imaginar es que se hayan conseguido subvenciones sin ningún tipo de documentación».

Además, destacó que todos los documentos que firmaba estaban visados anteriormente por sus subordinados, por lo que cuando el relevante Convenio Marco de 2001 firmado por su Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía, que cambió los criterios en la concesión de ayudas sociolaborales, le llegó a su mesa se limitó a firmarlo, sin dudar de su legalidad: «Cuando este convenio le llega a su firma, está plenamente convencido de que ha llevado el camino legal correcto» y desconoce los motivos por los que ese instrumento jurídico sea «tan amplio». Además de su plena confianza en los cargos inferiores de su Consejería, en los que «confiaba plenamente», dio otro motivo para no dudar de la legalidad del citado convenio, que fue el utilizado para la concesión de esas ayudas: «Es de profesión maestro y no tiene formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios».

En relación con lo anterior, se desvinculó de las ayudas que concedía el IFA –la empresa pública que tenía potestad para ello– a las empresas en crisis, pese a que era presidente del mismo. La responsabilidad, también en este caso, habría que buscarla en los cargos inferiores, ya que, aseguró al respecto, delegó en Guerrero «las labores ejecutivas», y que eran los distintos directores generales los que llevaban el «día a día».