Las ayudas al alquiler de la Junta para familias con ingresos limitados hilvanadas a la convocatoria de 2015 han originado un rosario de quejas en organismos como el Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso que han acumulado y por su pago a un ritmo desigual en las diferentes provincias de la comunidad. Pero fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, que coordina Felipe López, han asegurado a LA RAZÓN, que ésta «ya ha abonado la práctica totalidad» de los incentivos de ese programa denominado «Alquila», en el que hubo 10.400 solicitantes que aspiraban a lograr con cierta urgencia hasta el 40 por ciento del importe global de su renta.

Con todo, desde el Gobierno regional admiten que existe «un porcentaje residual de en torno al 6 por ciento de las subvenciones» que aún no se ha pagado debido a que los beneficiarios «no han presentado la documentación acreditativa exigida para poder justificar la concesión de la ayuda», si bien, el departamento de López asegura que «mantiene la comunicación» con ellos con el fin de «tratar de solventar las incidencias detectadas». Y hay más matizaciones. Otras fuentes avisan de que «es probable» que «no todos los integrantes del 94 por ciento que ya habría recibido el dinero lo tengan aún y puedan disponer de él». ¿A que se refieren? Pese a que Fomento y Vivienda haya dado las órdenes de pago y las diversas intervenciones provinciales de la Junta su visto bueno, puede que la Tesorería de la Administración autonómica aún no haya desembolsado el dinero en todos los casos. Estas mismas fuentes consultadas por este periódico tampoco descartan que parte del mencionado 6 por ciento que no ha podido justificar que pagó el alquiler no llegue a cobrar nada nunca, pese a que le concedieron el incentivo.

Al margen de esos flecos, desde la consejería reconocen también que la gestión de esta orden de ayudas «ha sido compleja» y entre las razones que lo explican incluyen «el tipo de convocatoria elegida –la modalidad de concurrencia competitiva– o las exigencias impuestas por el Gobierno central», como que «los beneficiarios estuvieran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social», una condición que el Ejecutivo regional eliminó al considerar que «dejaría fuera a familias que necesitaban» esos fondos. «El proceso de negociación con el Gobierno, la modificación de la orden y la disposición de crédito extraordinario para dar cobertura a esos solicitantes que quedarían fuera, provocó la paralización del procedimiento durante varios meses», recalcan.

El apuntado es el dibujo de situación sobre 2015, respecto a la orden de 2016, que contempla además de las subvenciones a familias con ingresos limitados a las que se encuentren en circunstancias de especial vulnerabilidad, la consejería afirma que está ya en «un estado avanzado de tramitación», gracias a la agilización de los trabajos a la que se comprometió López y que ha llevado al Ejecutivo autonómico a contratar a una empresa externa que se ocupe del procesamiento de los datos.

Esta última línea de subvenciones ha sido más demandada incluso que la puesta en marcha el año 2015, al haberse recibido «más de 18.000» peticiones, según apuntan las fuentes de la consejería, que adelantan a este diario, por último, que en el seno de la Administración «se está trabajando ya para sacar la orden de ayudas al alquiler correspondientes al ejercicio 2017».