Animan a las entidades locales a crear fondos sociales de viviendas de alquiler

VALLADOLID- Nuevo paso hacia adelante para conseguir que ninguna familia se quede en calle un solo día sin un techo en el que cobijarse por no poder hacer frente a la hipoteca de su casa.

La Consejería de Familia y la Federación Regional de Municipios y Provincias han firmado un acuerdo de colaboración, por el que se reúne en un solo texto todo lo que se está haciendo bien en todas las Administraciones contra esta lacra social. Un convenio por el que la FRMP se compromete a promover que todas las entidades locales de la Comunidad pongan en marcha fondos sociales de viviendas en alquiler con prioridad para las personas atendidas en este programa. Pero también, a fomentar la adhesión de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones al Fondo Social de Viviendas del Gobierno de España.

Las condiciones serían similares a las de este convenio estatal, donde las viviendas que forman parte del fondo social se pueden alquilar por una renta que oscila entre los 150 y 400 euros mensuales durante un máximo de dos años y con un límite del 30 por ciento de los ingresos netos de la familia que viva en la vivienda alquilada. Además, la Consejería de Familia tiene previsto suscribir convenios específicos con cada corporación local que esté incluida en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales porque algunas ya han aprobado medidas para facilitar a las familias en riesgo de desahucio el pago de los impuestos municipales, su bonificación, e incluso su condonación.

El acuerdo firmado ayer permitirá también que se agilicen los tiempos de respuesta ante la llamada de una familia que necesita ayuda. Así, se garantizará que las personas que llamen al 012 sean atendidas en una semana como máximo por los profesionales de este programa. Además, se elaborará un informe social que se emitirá en un plazo de diez días y que homogeneizará los criterios a la hora de decidir qué recursos necesita cada familia, ya sea una vivienda, una ayuda de emergencia, alimentos, apoyo al empleo e incluso un subsidio. Finalmente, el acuerdo contempla también la suspensión cautelar de las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se denomina comúmente como plusvalías.

843 familias atendidas

Castilla y León lleva tiempo trabajando para hacer frente a los desahucios en la Comunidad, especialmente de seis meses a esta parte, debido al alza de lanzamientos que se han producido durante el último año en la Región, donde se alcanzaron los 3.040 desahucios. Y lo está haciendo, en primer lugar, a través del Plan de Apoyo Integral a las Personas en riesgo de Desahucio. Una iniciativa que funciona y que en este medio año ha conseguido atender a 843 familias, con 323 casos resueltos favorablemente de momento y en los que en 273 no ha sido necesaria la interlocución con las entidades financieras.

Y, en segundo lugar, con el apoyo de PP, PSOE, IU y UPL, las cuatro fuerzas políticas del Parlamento, donde el pasado 8 de mayo se aprobaba una propuesta conjunta para evitar los desalojos en la Comunidad y ofrecer soluciones a las personas con mayor riesgo de perder su casa, como por ejemplo el fomento del alquiler social, agilizar los tiempos de respuesta a las personas en riesgo o estrechando la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para frenar los lanzamientos en la medida de lo posible.

Con este acuerdo entre la Junta y la FRMP se avanza un pasito más hacia este objetivo, y para seguir ayudando a las personas y familias en peligro de perder su casa.