Castilla y León y Madrid abren la puerta a partidas conjuntas de bingo electrónico

Las salas de juegos de Castilla y León y Madrid podrán celebrar partidas conjuntas de bingo electrónico. Es la principal conclusión del acuerdo que sellaron ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y el responsable madrileño de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, quienes destacaron que el protocolo no invade competencias de las autonomías. Y es que, cada una inspeccionará y sancionará infracciones, a la par que se ocupará de la gestión y recaudación de tasas y gravámenes que se aplican a esta modalidad de juego.

Según recordó De Santiago-Juárez, Castilla y León va por delante del resto de comunidades autónomas, al haber sido la primera en poner en marcha esta modalidad de bingo -a principios de 2011- y haber llegado a acuerdos con hasta cuatro regiones vecinas de las nueve que «abrazan» su territorio.

Concretamente, desde el 7 de febrero se han sellado pactos con Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, y ahora Madrid. Esto ha repercutido en un incremento de las cantidades jugadas en Castilla y León, con un avance del 27 por ciento en los importes jugados, si se compara con las cifras obtenidas del mismo periodo del pasado ejercicio.

Dinamizador de la economía

De manera que, el bingo electrónico se erige en un elemento dinamizador de la economía, como recordó De Santiago-Juárez quien, no obstante, incidió en que las premisas que baraja en este campo la Junta de Castilla y León están claras. Concretamente, la protección de los consumidores y usuarios y la normalización en la visión social del empresariado son los principales objetivos de un sector, el del juego en general, que aporta tributos a Castilla y León tributos por valor de unos 70 millones de euros por anualidad, dirigidos a financiar servicios básicos esenciales -como la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación- y que da trabajo a 2.000 personas.

Dentro del mismo, se sitúan las salas de bingos, que empleas a 350 personas y suponen ingresos tributarios que rondan los once millones de euros anuales.