El Gobierno Herrera implica a la industria y distribución para fortalecer las cooperativas

La Consejería de Agricultura y Ganadería y la Unión de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl) trabajan ya en el nuevo plan de cooperativismo agrario, que estará listo a principios de 2018.

Un proyecto que quiere involucrar a toda la cadena y no solo a la materia prima como hasta ahora, ya que se pretende incorporar a la misma a la industria y la distribución como elementos «clave» para generar valor añadido a la producción cooperativista y dar estabilidad a los precios.

«Es imprescindible que las cooperativas agrarias lleven a cabo una comercialización conjunta», destacaba ayer Gabriel Alonso, presidente de Urcacyl, para quien las cooperativas tienen que pasar a ser agroalimentarias en lugar de agrarias. En este sentido, Alonso ponía como ejemplo a seguir en el futuro al sector de los piensos o al vitivinícola, que ya tienen incluida la comercialización en su forma de actuar.

La consejera Milagros Marcos, por su parte, aseguraba que recorrerán toda la Comunidad recogiendo propuestas de la gente del campo a través de las comisiones agrarias de cada provincia para elaborar «el plan más atractivo posible para el cooperativismo agrario». Asimismo, otro de los objetivo del plan será el de promover las fusiones de cooperativas para conseguir entidades más grandes que permitan tener más peso y más fuerza a la hora de hacer frente a la competencia.

En estos momentos, hay en torno a 150 cooperativas agrarias en Castilla y León asociadas a Urcacyl, con alrededor de 50.000 cooperativistas trabajando a lo largo y ancho de la Comunidad y en diferentes sectores, según explicaba Gabriel Alonso.

Por otro lado, Milagros Marcos informaba al Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León de las modificaciones a las medidas que se van a llevar a cabo para paliar los efectos de la sequía y que entrarán en vigor a partir de hoy. Entre ellas, se amplía al 20 de agosto el plazo para que los ganaderos soliciten las ayudas de «mínimis», que son las que da luz verde la UE porque no afectan a la competencia, y a las que la Junta ha destinado dos millones de euros. También se exime a los apicultores de asegurarse para poder optar a préstamos, ya que medio año están fuera por la trashumancia; y se ofrece la posibilidad de pedir un crédito de hasta 60.000 euros con dos años de carencia cubierto por la Junta o el Gobierno a los agricultores que no estén amparados por un aval.