El Gobierno Herrera se persona en la causa judicial abierta por el edificio de Arroyo

La Junta de Castilla y León se va personar en el caso abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid sobre el edificio administrativo de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, conocido popularmente como «La Pela Negra», al haber detectado posibles irregularidades en algunas adjudicaciones que no se hicieron por concurso público y abierto si no de manera directa. Unos «indicios de posible delito» que atribuyen a Rafael Delgado, ex secretario general de la Consejería de Economía y Empleo que dirigía Tomás Villanueva en la pasada legislatura, y que han podido suponer un prejuicio a las arcas públicas de la Comunidad. Concretamente, por valor de 3,9 millones de euros, según avanzaba ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

Si bien, el Gobierno regional ha decidido personarse en este asunto pero no en su totalidad sino en una pieza separada, «para agilizar el procedimiento», que se corresponde con un apartado denominado «instalaciones» que afecta al contrato de instalación de mobiliario. Y más en concreto, a mámparas y armarios.

Pilar del Olmo explicaba que han decidido dar ahora este paso y no antes -la Fiscalía ofreció a la Junta en noviembre que se personara-, debido a que las circunstancias «han cambiado». «En aquél entonces no vimos ningún perjuicio a las arcas públicas, pero tras ver informaciones en la prensa y revisar expedientes detectamos una irregularidad en una cuenta independiente de instalación de mobiliario en el citado inmueble, que puede ser constitutiva de delito», decía la consejera, quien, sin citarle, ponía el foco como posible responsable de estos hechos en Rafael Delgado, al afirmar que «hay una persona que firma la adjudicación y los pagos». En este sentido, Del Olmo defendía a los otros 26 imputados en este caso, entre ellos seis altos cargos del departamento que dirige ella en estos momentos, convencida de que no han cometido irregularidad alguna. Y negaba que hayan detectado otras irregularidades en los procedimientos del edificio de Arroyo y el polígono de Portillo, «porque de haberlo hecho ya hubiéramos acudido a la Justicia».

El PSOE también quiere

Esta decisión de la Junta se producía pocas horas más tarde de que el PSOE de Castilla y León presentara ante el juzgado vallisoletano un escrito por el que solicita personarse como acusación popular tanto en este caso de Arroyo como en el de los terrenos de la también localidad vallisoletana de Portillo. Los socialistas consideran que la Junta no está haciendo nada al respecto y que, además, está bloqueando la comisión de investigación abierta en las Cortes de Castilla y León. El procurador del PSOE, Javier Izquierdo, acusaba a Herrera y su gobierno de querer encubrir a los que han cometido unas irregularidades que los socialistas cifran en 68 millones de euros (55 millones en el caso del edificio de Arroyo y trece en los terrenos de Portillo), así como de defender los intereses el partido por encima del dinero de los castellanos y leoneses.

Tras asegurar que la corrupción del PP está asentada «desde los pies a la cabeza», Izquierdo pedía una purga entre sus dirigentes, y reiteraba al presidente Herrera que comparezca en la comisión de investigación abierta en las Cortes para dar explicaciones como responsable «personal e intransferible» del caso.