El mundo rural y diversos sectores relacionados con la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales manifestaron hoy ante la Administración y los medios de comunicación su «gran preocupación» por la «grave situación» provocada por la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula varias disposiciones legales necesarias para la regulación de la caza en la región.

«Aún cuando esta sentencia no es firme ni ejecutiva en este momento, el mundo rural quiere poner de manifiesto las «gravísimas consecuencias que tendría, tanto para los sectores afectados directamente como para el medioambiente y el conjunto de la sociedad, una hipotética suspensión de la caza».

Así, aseguran que se multiplicarían los accidentes en carretera provocados por animales silvestres, poniéndose en riesgo la vida de muchas personas; y que los daños que provocan las especies de caza mayor y menor, cada vez más graves, que denuncian los agricultores, crecerían exponencialmente provocando el abandono del cultivo en las zonas más afectadas. Asimismo, apuntan la posibilidad de que surjan enfermedades animales provocadas por superpoblación, con grave riesgo de transmisión a la cabaña ganadera y finalmente a las personas.

«La caza se estima que genera anualmente unos 550 millones de euros en Castilla y León. Muchos municipios se mantienen gracias al dinero que genera la caza, al igual que muchos propietarios de terrenos y empresas locales relacionadas con el turismo, la hostelería, viajes, etc. Las tasas de la caza desaparecerían, debiendo suplirse estos ingresos públicos con otras partidas presupuestarias a cargo de todos. Además habría que pagar los necesarios controles de las poblaciones silvestres», señalan.

La caza emplea a unas 7.800 personas aproximadamente en Castilla y León, que a su juicio perderían su empleo o su negocio, o verían reducidos sus ingresos de forma notable. Además, afirman que la despoblación en el medio rural aumentaría debido a un empeoramiento de la calidad de vida y desarrollo económico de estas zonas.

«El deterioro de las infraestructuras unido al incremento de la siniestralidad en carretera traería consigo la precarización de servicios públicos, lo que unido a una reducción de los recursos y con ello de la actividad económica desembocaría en un abandono del medio rural por parte de sus habitantes», auguran.