Exigen a Pedro Sánchez que ordene a la Generalitat de Cataluña devolver lo «robado» del Archivo de Salamanca

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca no se rinde en su lucha por la unidad de este centro documental sobre la Guerra Civil, y por conseguir que se devuelvan al centro salmantino los documentos que la Generalidat de Cataluña tiene en su poder.

Su presidente Policarpo Sánchez el periodista Hermann Tertsch, miembro de la junta directiva, entregaban ayer en la sede de Delegación del Gobierno en Castilla y León en Valladolid, las cajas con las firmas de 110.000 ciudadanos, que exigen al presidente Pedro Sánchez, que ordene a la Generalidat catalana que devuelva los legajos «robados», y que no se entregue ni un solo documento más al Gobierno que preside el separatista Quim Torra. Es más, Policarpo Sánchez advertía de que se puede estar cocinando «un nuevo expolio» de documentos, y acusaba al presidente del Gobierno de España de tener la intención de utilizar la documentación en una hipotética negociación con los partidos independentistas catalanes. «Estamos cansados de que el Ejecutivo de Cataluña socave la unidad de España y aproveche esos documentos para manipular la historia de la Nación y declarar la independencia», se quejaba el presidente de la asociación, quien afirmaba que el Gobierno catalán «mantiene retenidos de forma ilegal» documentos que no le corresponden.

El periodista Hermann Tertsch, por su parte, apuntaba que la entrega de papeles a la Generalidad catalana «ha supuesto un crimen para destruir la Nación y las huellas del país», y denunciaba que la historia que se enseña en muchos lugares de España «es en gran parte mentira». Junto a las firmas se presentaba un manifiesto, que ya tienen todos los grupos políticos de las Cortes, el Senado y de varias capitales de provincia como Salamanca, en el que se pide que la supervivencia política de Pedro Sánchez no esté vinculada a los votos de los separatistas y la salida de más documentos de Salamanca. Además, Policarpo Sánchez anunciaba nuevas medidas legales en los próximos meses contra el Ministerio de Cultura.