José Luis Concepción acusa de «dejación» al Gobierno por la situación de Cataluña

«Lo que está ocurriendo en Cataluña es un acontecimiento importante en la historia de España y el Poder Judicial tomará sobre sí la responsabilidad que siempre ha arrostrado, sobre todo ahora cuando los otros poderes del Estado están haciendo dejación de sus responsabilidades».

Lo decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ayer en Burgos, durante la apertura del año judicial. Unas palabras contundentes y que ponían de manifiesto cierto malestar entre los jueces ante lo que consideran una dejación de funciones por parte del Gobierno principalmente en todo lo que está pasando con la región catalana y el referéndum ilegal por la independencia planteado para mañana.

En su intervención, Concepción mostraba su apoyo a los jueces y a todas las personas que trabajan en la Administración de Justicia de Cataluña, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia catalán y a los magistrados «que están cumpliendo valientemente con su obligación». Y recordaba al mismo tiempo, que el Estado de derecho «sólo subsistirá mientras las resoluciones judiciales se cumplan y mientras quien tiene sobre sí la responsabilidad de auxiliar al Poder Judicial haciendo ejecutar lo juzgado cumpla con su obligación». En este sentido, y preguntado por la posible desobediencia de los Mozos de Escuadra a las órdenes de los jueces, insistía en que «mientras una sola resolución se convierta en papel mojado, el Estado de Derecho fracasará».

Respecto a la situación de la Justicia en la Comunidad, el presidente del TSJCyL denunciaba que los cuatro nuevos juzgados que prevé poner en marcha el Gobierno de España en Castilla y León son «insuficientes e inadecuados». «Dos de los que se crearán -continuaba- no suponen una necesidad perentoria, mientras que no se contemplan cuatro que son imprescindibles».

Y afirma que lo que más urge en estos momentos es un juzgado de lo penal en Segovia y los juzgados número tres de Medina del Campo, en Valladolid; y los de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos. Igualmente, pedía que se cumpla el proyecto de rehabilitación y construcción de sedes judiciales en Castilla y León, y mostraba su inquietud por el «funcionamiento defectuoso» de la Justicia digital».