Montoro reconoce su error y admite la robustez financiera de la Comunidad

El Gobierno Herrera no tendrá que hacer más recortes este año para contener el déficit. Esta es la principal conclusión que puede extraerse después de que el ministro Cristóbal Montoro haya admitido, aunque sea a través de una carta a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Ical, que se equivocó con Castilla y León cuando amenazó con sanciones y multas coercitivas al Gobierno regional si se negaba a aplicar el acuerdo de no disponibilidad de crédito que, en la práctica, reducía los fondos disponibles en el Presupuesto de la Comunidad.

En la misiva, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, asume el argumento del Ejecutivo autonómico de que, al no haberse acogido al Fondo de Liquidez (FLA), Castilla y León no tiene un plan B, y admite que no había razones para que la Junta de Castilla y León aprobara este acuerdo que le solicitó el pasado mes de abril. Igualmente, el ministro lamenta la confusión generada cuando le reclamó ese acuerdo de Consejo de Gobierno con el que se pretendía poner coto al desvío de los objetivos de déficit, y pide también disculpas a esta Comunidad admitiendo así la robustez financiera de la Comunidad . Además, cabe señalar que con esta carta y este perdón, Cristóbal Montoro ha conseguido también paralizar el proceso legal entre ambas administraciones que había ya puesto en marcha el Gobierno Herrera, que se negaba a aplicar dicho acuerdo, por los graves perjuicios que se hubieran provocado en la prestación de servicios públicos esenciales en la Comunidad.

En Castilla y León siempre se ha mantenido el compromiso de cumplir los objetivos de estabilidad para este año y recuerdan al ministro de Hacienda que los presupuestos de 2016 ya fijan un nivel de déficit del 0,3% y que según ha reiteradoen numerosas ocasiones la consejera Pilar del Olmo estarán vigilante y pendientes para que no se produzcan desviaciones significativas. A pesar de este hecho, el Gobierno Herrera recuerda también al ministro que urge acometer un nuevo sistema de financiación autonómica «que garantice la suficiencia financiera para la prestación de los servicios públicos y evite las diferencias entre territorios».