Arranca el juicio del caso Saratoga, que une proxenetismo y corrupción policial

El fiscal pide entre 16 y 44 años de cárcel para los imputados, entre ellos dueños de burdeles y agentes

Después de que la Audiencia de Barcelona avalará el pasado miércoles las pruebas recbadas durante la instrucción judicial, hoy comienza el juicio sobre prostitución ilegal en los locales de alterne Riviera y Saratoga, ambos situados en Castelldefels y que incluye corrupción policial. En total son 20 los acusados en esta presunta trama de proxenetismo y soborno a policías, vinculada a los citados macroburdeles. Entre ellos, altos cargos y agentes de la Policía Nacional

Las cinco primeras sesiones de la vista, que se alargarán hasta el 25 de septiembre, constarán de las declaraciones de los procesados. Está previsto que el juicio se alargue hasta febrero de 2014, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los abogados de la defensa insistieron durante las últimas semanas en cancelar la vista oral, argumentando una serie de supuestas irregularidades en el proceso. La Audiencia lo desestimó en un auto que dejaba claro la profesionalidad de la jueza instructora, Elisabet Castelló.

Escuchas

El juicio arranca después de que la defensa intentará la nulidad de la parte del sumario que incluía conversaciones telefónicas e informes policiales. Entre los imputados figuran un comisario jefe, dos inspectores de la Policía Nacional, abogados y propietarios de prostíbulos. La Fiscalía pide condenas de entre 16 y 44 años de prisión para los acusados.

El fiscal anticorrupción encargado del caso es Fernando Bermejo, y en su escrito asegura que los propietarios y encargados de estos burdeles se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres –algunas de ellas menores de edad– en situación irregular, que les daban parte del dinero conseguido, siendo sometidas a un horario laboral de once horas seguidas y siempre bajo control.

Una de las partes más importantes e influyentes en este caso es que, siempre según la Fiscalía, esta supuesta explotación estuvo apoyada por algunos chivatazos cometidos por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional de Barcelona de entonces, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales (Ucrif). Sostiene el fiscal que algunos de los agentes imputados «actuaron abusando de su condición y capacidad de mando» y permitiéndoso así que se siguieran cometiendo los supuestos ilícitos..

Los policías procesados alertaban a los propietarios de ambos macroprostíbulos antes de que se realizaran redadas, pese a que una de sus funciones era, precisamente, investigar estos locales, según el Ministerio Fiscal. Las inspecciones eran para evitar multas por tener a mujeres menores y en situación irregular.

Las peticiones de condena de cárcel del fiscal son por favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo e infidelidad en custodia de documentos.

¿Quién es quién?

- Los policías implicados Luis G. G., el inspector Andrés O. B., Antonio H., Paul P. S., y el inspector jefe, José Javier M. P. están acusados de negociar, informar e, incluso, extorsionar a los propietarios de próstibulos.

- Los propietarios de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera, Raúl P. S. y Antonio H., respectivamente están imputados, además de otros dos empresarios y tres encargados de prostíbulos. El fiscal pide 18 años y 15 años de cárcel para los primeros.

- También están acusados los abogados Fernando M., Álex G., y Carlos C., además del entonces funcionario del Ayuntamiento, Manuel M., y el ingeniero industrial Joaquín Q., entre otros.