El fiscal denuncia a Puigdemont por desvío millonario de la Generalitat al 1-0

«Se ha constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O»

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado por el gobierno de Carles Puigdemont para el referéndum ilegal del 1-O.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cuentas por el posible desvío de cantidades millonarias, que podrían incluso rondar los ocho millones de euros, contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su número dos Oriol Junqueras y otros 16 exconsejeros de su ejecutivo, que habrían sido desviados a la celebración del referéndum ilegal del 1-O. La demanda también se dirige contra la entonces interventora general de la Generalitat. Si fuesen condenados se verían obligados a responder de las cantidades, que finalmente se determinen, destinadas a un fin al que no era lícito.

El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident Catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.

«Se efectuaron por distintos departamentos , con el concierto previo de todos los miembros del Gobierno sin excepción -de la Generalitat- , una serie de gastos para organizar el referéndum y el proceso de declaración de independencia, burlando al mismo tiempo los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma de Cataluña», por lo que «se ha constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O».

Así lo sostiene la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en la demanda que ha presentado contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y 16 Consejeros de su Gobierno, así como la interventora general.

En concreto, sostiene el Ministerio Público que la cantidad de dinero público desviada a un referéndum que estaba declarado inconstitucional y, por tanto, suspendido, se situó en los ocho millones de euros. Ahora, el Tribunal de Cuentas iniciará un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal. Un procedimiento similar se siguió recientemente contra Artur Mas, y los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, a los que el citado órgano fiscalizador le condenó a devolver a la Generalitat más de cinco millones por los gastos de la consulta del 9-N.

En la demanda, el fiscal va pormenorizando los gastos destinados a financiar cada una de las actividades tendentes a la realización del referéndum del 1-O, excepto en lo que se refiere a la creación de páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que fueron utilizados para llavo el mencionado referéndum ilegal. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la utilización de locales donde se instalaron los centros de votación, el montante económico que supuso el uso de los mismos durante una jornada de los más de 2.259 locales habilitados como punto de votación ha sido valorado en 900.906 euros: , un gasto de 979.6661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería. Por lo que se refiere a la acción exterior, la demanda fija en 2,3 millones los destinado a acciones «de la presidencia catalana» fuera de España cción de la presidencia catalana» en el exterior que absorbió, así como

más de 100.000 euros destinados a gastos en viajes de «observadores internaciones».

Vulneración de tres leyes

De esta forma, la Fiscalía concluye que todos estos gastos estaban «desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalitat de Cataluña», por lo que se les dio una finalidad «contraria a la Ley y ajenas a sus competencias. Así, se habría vulnerado la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, que prohíbe que los recursos de la Generalitat se destinen a fines ajenos a las competencias de ésta; y, en tercer lugar, la Ley General Presupuestaria.

La conclusión a la que llega el Ministerio Público es tajante: «Los pagos vinculados a la preparación y celebración del referéndum del 1-O infringen, por tanto, la normativa presupuestaria y contable, pues esta normativa no autoriza ningún gasto cuyo destino sea financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarias al ordenamiento jurídico».

Con esta demanda, se inicia la llamada acción de responsabilidad contable, por lo que la Fiscalía solicita al Tribunal que designe un Instructor con el fin de que practique las diligencias necesarias para determinar la cantidad exacta de recursos públicos finalmente detraídos