El Govern desafía al TSJC y anuncia que no modificará su política lingüística

Sin embargo, no recurrirá la sentencia en firme que anulaba el protocolo que obligaba a los funcionarios a hablar en catalán

En la estrategia que está siguiendo la Generalitat de flirtear con desobedecer las decisiones de los tribunales para tratar de alcanzar sus objetivos independentistas, ayer reprodujo un nuevo episodio. Si el jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulaba en sentencia firme el protocolo que obligaba a los funcionarios a hablar en catalán, ayer el Govern reaccionó con su habitual desprecio hacia las resoluciones judiciales que no concuerdan con su parecer.

Así, la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, avisó de que la sentencia «no implicará una modificación de la política lingüística que aplicamos». Llaman la atención estas intenciones del Govern, cuando había decidido no recurrirla.

La sentencia anula en parte el protocolo de Usos Lingüísticos para el sector sanitario público y el de Usos Lingüísticos para la Generalitat y el sector público. Se anula la obligación de utilizar el catalán como lengua de comunicación oral entre el personal de servicio de la Generalitat, así como al dirigirse a los ciudadanos durante su ejercicio profesional. El protocolo ordenaba el uso del catalán por parte de los funcionarios en conversaciones presenciales, por teléfono, reuniones de trabajo y demás.

De esta manera, el TSJC dio la razón a la demanda que interpuso uno de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, en la que denunciaba la prioridad del uso del catalán en el devenir diario de estos profesionales. En su demanda, fue asesorado por la entidad probilingüismo Impulso Ciudadano. Su presidente, José Domingo, consideró que la sentencia suponía «dotar de mayor seguridad jurídica» a los funcionarios públicos, y «ahora podrán hablar entre ellos en el idioma que quieran sin sufrir represalias». Sobre la voluntad de la Generalitat de no cambiar sus políticas lingüísticas, Domingo aseguró que «no pueden incumplir los mandatos del TSJC», y recordó que, así, «tendrán que dejar de advertir que entre los funcionarios hablen en catalán porque vulnera sus derechos lingüísticos».

También lo celebró Sociedad Civil Catalana, que ha apoyado al médico que interpuso la demanda. Negó que constituyera «un ataque a la lengua catalana» y consideró que «constata la ralidad bilingüe de Cataluña». Lamentó que la Generalitat «obligue a los empleado públicos y a los ciudadanos a acudir a los tribunales», para reclamar el uso del castellano en la Administración. «Es fundamental que los debates lingüísticos se alejen de la politización y se lleguen a acuerdos en esta materia», concluyó.