El Govern ve peligrar el diálogo

Junqueras, asegura que la «experiencia» de interlocuión con el Estado no ofrece confianza para pensar en una reconducción de las relaciones.

El deshielo entre el Gobierno y la Generalitat se ha sumido en una paradoja. El giro estratégico que ha dado el Gobierno para afrontar la situación política catalana parece haber descolocado, o no interesar, al Govern. La voluntad de diálogo que han explicitado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha sido recogida por el ejecutivo de Carles Puigdemont con escepticismo y desconfianza. El último en verbalizar este recelo ha sido Oriol Junqueras.

El vicepresidente del Govern apeló ayer al pasado. En una entrevista en la Cadena Ser no exhibió un gran optimismo sobre la apertura al diálogo del Estado y aseguró que «si el Gobierno quiere dialogar, nosotros dialogaremos, pero la experiencia nos dice que no» puede haber espacio para la confianza. Según Junqueras, el Gobierno «no ha tenido nunca voluntad de diálogo», una conclusión que el vicepresidente ha visto reforzada dis días después de que el Tribunal Supremo confirmara la suspensión de tres años del juez y actual senador de ERC, Santiago Vidal, y un día después de que el Congreso aprobara el suplicatorio para que el Alto Tribunal investigue al portavoz del PDECAT en la Cámara baja, Francesc Homs, y de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citara para el 16 de diciembre a la presidenta del Parlament para que declare como investigada por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) –permitir votar en la cámara catalana las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese a las advertencias del TC–.

La Generalitat se ha pertrechado de todos estos argumentos en vistas a la ronda de encuentros que va a mantener con el Estado. Y uno de los pilares que van a conformar su nueva línea estratégica para desmontar «la construcción del diálogo y el entendimiento» que pretende el ejecutivo de Mariano Rajoy va a apuntar a «la ofensiva judicial» que viene denunciando el Govern. Ya el martes, el Consell Executiu hizo un balance sobre los conflictos competencias que mantiene con el Estado.

Si bien la trascendencia de las palabras que vertió Junqueras ayer se encuentra en que va a ejercer de puente de contacto con el Estado. Su relación con su homóloga en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no duda en considerar de «cordial», está llamada a ser la vía que abra el «acercamiento» entre la administración estatal y la autonómica. Santamaría es la encargada en esta legislatura de conducir las relaciones entre Estado y Comunidades Autonómicas, y el día que Santamaría asumió sus competencias como ministra para las Administraciones Territoriales, ya recibió una llamada de Junqueras, y el lunes, el vicepresidente del Govern formalizó por carta una invitación a Santamaría para mantener un «encuentro formal» con el objetivo de «retomar el diálogo» más allá de las «discrepancias» sobre el referéndum de autodeterminación.

A excepción del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha rehusado hacer valoraciones sobre la nueva orientación que pretende tomar el Estado en las relaciones con Cataluña, las reacciones del Govern han sido prudentes. La portavoz Neus Munté ha insistido que quiere que se «pasen de las palabras a los hechos», mientras que el portavoz de ERC Sergi Sabrià tildó el nombramiento de Enric Millo como nuevo delegado de «operación de maquillaje».