El Parlament impulsa la «ley Homs» para crear un «verdadero» servicio exterior catalán

Francesc Homs se empleó ayer a fondo para alcanzar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en la carrera que mantienen por ver quién aprueba antes su proyecto de ley de acción exterior. La de exterior es la única de las grandes políticas públicas que no tiene marco legislativo y ahora, después de 35 años, la Generalitat, conforme con el Estatut, y el Gobierno parece que se han puesto de acuerdo para llenar este vacío. Un mes después de que la «ley Margallo», con la que el Gobierno pretende coordinar la labor de todas las administraciones en el extranjero, superara su primer trámite en el Congreso, ayer lo hizo la ley de acción exterior catalana en el Parlament, la «ley Homs», después de superar las enmiendas a la totalidad de PP y Ciutadans.

Todos los grupos, a excepción de PP y Ciutadans, avalaron el texto diseñado y presentado por el conseller de la Presidència, Francesc Homs, de quien depende la acción exterior de la Generalitat. PP y Ciutadans denunciaron que la normativa es un instrumento más del proceso soberanista. Y Homs no se molestó en quitarles la razón.

El máximo responsable de las relaciones internacionales del Govern alegó que Cataluña debe consolidar su presencia en el extranjero para defender en persona sus intereses. «Nos jugamos ser o no ser», afirmó. La ley catalana tiene paralelismos con la «ley Margallo», también sirve para ordenar y dar coherencia a los organismos que ya trabajan para la Generalitat en el extranjero.

Aunque tal y como argumentó el PSC, que apoyó el proyecto, la normativa catalana se ajusta al marco estatutario, la «ley Homs «topa con la «ley Margallo». CiU alega que el Gobierno invade competencias autonómicas con un reglamento que pretende encorsetar la acción exterior de la Generalitat. Por su parte, el diputado del PP, Juan Milián, insiste en que el proyecto catalán está orientado a dar cobertura legal a la trama exterior de ERC y CiU para divulgar «la causa perdida del separatismo».

La ley catalana reclama al Estado que la Generalitat participe en la negociación de tratados y convenios que sean de su interés o competencia y define las relaciones bilaterales con otros gobiernos. PSC, ICV y la CUP reivindicaron más atención en cooperación.