El TSJC lamenta la fuga de 48 jueces de Cataluña por culpa del «procés»

Es conocido que el «procés» independentista está provocando diversas afectaciones en la vida diaria de Cataluña. El ejemplo más importante es la fuga de muchas empresas importantes. Pero ahora parece que también hay malestar por este asunto entre los jueces.

Es conocido que el «procés» independentista está provocando diversas afectaciones en la vida diaria de Cataluña. El ejemplo más importante es la fuga de muchas empresas importantes. Pero ahora parece que también hay malestar por este asunto entre los jueces. Lo confirmó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos.

Fue en la presentación de la Memoria Judicial correspondiente a 2017 en Cataluña en la Comisión de Justícia del Parlament, cuando Barrientos anunció que un total de 48 jueces se han movido de esta comunidad autónoma en lo que va de año. Se trata de una cifra importante, teniendo en cuenta que en 2017 fueron 25. La cifra casi se ha duplicado.

Fue significativo que Barrientos lamentara que «hay escenarios que impiden ejercer con serenidad», en una clara referencia al «procés» independentista. Cabe recordar que el juez Pablo Llarena sufrió pintadas en sus casas de Puigcerdà y Sant Cugat del Vallès.

La comisión parlamentaria tuvo momentos de tensión, y con dos extremos. Por una parte, formaciones como el PP y Cs advirtieron del «acoso» que, a su juicio, sufren los magistrados en Cataluña, mientras que JxCat y ERC volvieron a dudar de la «independencia judicial» en España.

En su comparecencia, Barrientos detalló que en 2017 llegaron a Cataluña un total de 30 jueces, 26 por llegada forzosa, mientras que 21 se marcharon por concurso voluntario. En lo que va de 2018,un total de 19 magistrados ingresaron en esta comunidad autónoma, 16 en primer concurso forzoso, y tres en traslado voluntario. El problema es que 48 se han marchado.

Barrientos desgranó que estos datos que revelan un aumento del número de jueces que optan por pedir el traslado fuera de Cataluña, aunque en un primer momento optó en no establecer «ninguna relación causal» entre estas salidas y la situación política. No obstante, acabó reconociendo que, pese a que ningún magistrado le ha transmitido «amenazas explícitas», existen «escenarios que no son propicios para que un juez actúe con la serenidad necesaria».

«Hay un estado de las cosas del que debemos ser todos conscientes que puede dificultar o dificulta que algunos jueces desempeñen su labor con la serenidad que necesitan», sostuvo Barrientos, que recordó que el miércoles el juez de Puigderdà, que debía interrogar a un investigado por una protesta ante la casa del juez Llarena tuvo que entrar y salir «con una especie de camuflaje» del edificio judicial.

Por otra parte, Barrientos advirtió de que, según sus cálculos, se tardarán cinco años en resolver las demandas actualmente presentadas en Cataluña por cláusulas bancarias abusivas como las cláusulas suelo.

En 2018 se han presentado 20.018 demandas (15.219 en Barcelona) cuando el año pasado fueron 18.078, unas cifras que llevaron al sistema de justicia civil «a una situación de colapso que tiene un pronóstico muy negro». Puntualizó que los cálculos de cuántos asuntos entrarían a los juzgados fueron «bastante optimistas» al ponerse en marcha los juzgados especializados provinciales en cláusulas suelo, ya que se estimaban 9.000 demandas, y se llegan a las 40.000.