La Fiscalía reprocha que no se indentifique al informático del 9–N

La Fiscalía Superior de Cataluña considera que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ctti) de la Generalitat «elude abiertamente identificar» a al responsable concreto que materialmente llevó a cabo la coordinación y dirección de incidencias informáticas en la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre.

En un escrito, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) volver a remitir este requerimiento al director del Ctti «con los apercibimientos correspondientes» de no cumplir con lo solicitado; el tribunal ya ha enviado el nuevo requerimiento.

La Fiscalía había pedido al Ctti, entre otra información, la identificación del «responsable técnico que materialmente asumiera la coordinación o dirección de dichos trabajos y la resolución de incidencias informáticas que pudieran haber surgido» durante la consulta del 9–N.

La respuesta del Ctti fue que «corresponden al director gerente del Ctti los trabajos de dirección y coordinación de todos los servicios que presta el Ctti», sin más concreción. La Fiscalía también pidió a este centro todos los acuerdos que hubiese firmado en relación con el 9–N para la gestión informática y recuento de los resultados, así como todas las instrucciones, órdenes internas, protocolos y documentos de cualquier tipo sobre la consulta.

El TSJC investiga en esta causa al president de la Generalitat, Artur Mas; a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y a la ya ex vicepresidenta Joana Ortega por la consulta sobre la independencia.

La Fiscalía reactivó en abril la causa contra Mas, por organizar la consulta popular sobre la independencia. Concretamente, el Ministerio Público pidió al TSJC que ordenase una quincena de nuevas diligencias para aclarar si Mas y otros dos miembros del ejecutivo – Ortega y Rigau– cometieron un delito de desobediencia al sacar las urnas a la calle pese al veto del Tribunal Constitucional.

De esta manera, la Fiscalía qupidió conocer, al detalle, todos los expedientes administrativos que se abrieron en relación con la consulta alternativa, así como las comunicaciones que el Gobierno catalán mantuvo con sus delegaciones en el extranjero y con los centros de enseñanza pública para impulsar la votación. El fiscal quería que el departamento de Educación remita una copia de todas las «comunicaciones enviadas a las delegaciones y a los directores de enseñanza públicos» sobre la «cesión de locales para la votación».