La oposición toma las riendas del Parlament

PSC y Catalunya Sí que es Pot acuerdan forzar un pleno específico antes de final de año para responder al S.O.S del sector sanitario, al que la Generalitat adeuda 2.000 millones. El PP presenta varias resoluciones sociales, económicas y fiscales

Un día después de que el sector sanitario alertara en una inusual declaración que unió a farmacias, ortopedias, geriátricos y centros de rehabilitación de que 60.000 nóminas de noviembre están en juego si no llega el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los grupos de la oposición cogieron las riendas del Parlament para espabilar al gobierno en funciones a mover ficha. El PSC y Catalunya sí que es pot forzarán la celebración de un pleno específico antes de que acabe el año sobre «la situación de emergencia social, la reactivación económica y la gestión pública». Socialistas y la marca catalana de Podemos llegaron a un acuerdo después de que los farmacéuticos y el sector sanitario denunciara que la Generalitat les debe ya 2.000 millones de euros. El Govern no paga desde julio y hay farmacias que arrastran una deuda de 120.000 euros que les está empujando a cerrar la persiana pese a tener un negocio rentable.

Ante esta situación «crítica e insostenible», en palabras del sector, la oposición tomó la iniciativa. Además del pleno de emergencia social que forzará la izquierda, Ciutadans expresó la necesidad de que sea «convocado algún pleno monográfico, aunque antes habrá que ver cuál es la cuestión más urgente, la sanidad o los servicios sociales». El PP denunció también el «secuestro y bloqueo» del Parlament por parte de Junts pel sí y la CUP, y registró varias propuestas de resolución sobre aspectos sociales, económicos y fiscales, para que sean debatidas y votadas en el pleno del Parlament. «Hay 600.000 catalanes en el paro que no pueden estar a la espera de que la CUP haga una asamblea para decidir si invisten a un presidente», denunció Enric Millo.

Las desaveniencias y el bloqueo de las negociaciones sobre la investidura entre Junts pel sí y la CUP están sumiendo al Parlament de Catalunya en una parálisis. El proceso soberanista acapara toda la atención y deja en un segundo plano la gestión del día a día. La resolución rupturista ha traído más incertidumbre entre los empresarios, tal y como alertaba ayer el Círculo de Economía, que dio a elegir a Junts pel sí, el partido más votado el 27-S, entre un gobierno que no se salte la Ley o nuevas elecciones.

Esta inquietud se suma a los síntomas de desmoralización y cansancio que muestra la clase política. Incluso, los soberanistas que el domingo escenificarán su hartazgo en la manifestación que organiza la ANC para «regañar a sus diputados» por la falta de acuerdo, según expresó el presidente, Jordi Sánchez.

En los 50 días que has pasado desde el 27-D, la actividad parlamentaria se ha reducido a la constitución de la propia cámara, dos debates de investidura, la aprobación de la creación de un tardío registro único para las parejas de hecho y la radical resolución independentista que aprobaron Junts pel sí y la CUP, que se ha saldado con severas advertencias. Aunque lo más doloroso es la decisión de la agencia de calificación Fitch de rebajar la clasificación crediticia desde BBB- hasta BB, situándola en la consideración de bono basura.