La PAH urge a Colau a ampliar el parque de pisos sociales del 1,5% al 15%

Presenta una moción junto a otras entidades de Barcelona en la que piden que se obligue a las nuevas promociones y rehabilitaciones de fincas a ceder un 30% de las viviendas a alquiler público asequible.

Barcelona tiene un problema gordo. Y ese problema se llama acceso a la vivienda. El número de entidades sociales que han alertado en el último mes de que el aumento del precio para adquirir o alquilar un piso no se corresponde con los salarios, ya no se pueden contar con las dos manos. Cáritas, Intermon Oxfam, incluso la teniente de alcalde de Derecho Sociales, Laia Ortiz, admite que «el principal problema de hoy en Barcelona es la vivienda». Las cifras, tras las que se esconden miles de historias humanas, asustan. Cerca de mil personas duermen en la calle y 2.000 lo hacen en albergues o centros municipales. Además, según alerta la Plataforma Antidesahucios (PAH), en los últimos tres años, Barcelona ha vivido 12.322 desahucios, pero sólo uno de cada diez fue por no pagar la hipoteca. El 84 % de los desalojos restantes fue por no pagarel alquiler.

A nadie se le escapa que la ciudad está viviendo un burbuja especulativa sobre los precios del alquiler. En los últimos tres años, el precio medio del alquiler han subido un 24 %. La PAH, el Sindicato de Inquilinos, el Observatorio DESC, la FAVB y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) lamentan que esta escalada de precios no la fijan los ciudadanos sino los pisos turísticos o viviendas de lujo. Estiman que cada día, 9 familias son empujadas a cambiar de piso, exiliarse u ocupar pisos vacíos.

¿Qué hacer para que la ciudad de Barcelona no se quede sin ciudadanos? Estas cinco entidades sociales presentaron ayer un plan que han trazado a partir de un informe de la PAH que analiza los dos años de gobierno de Ada Colau, que no hace ni cinco años era su portavoz. El estudio concluye que Barcelona tiene un problema con la vivienda porque no tiene un parque público. La ley 18/2007 del Parlament de Cataluña llamaba a los municipios con más de 5.000 habitantes, como es el caso de Barcelona, a disponer de un parque de vivienda social del 15% antes de 20 años, pero a día de hoy, la capital catalana sólo cuenta con un 1,5 %, lejos del 25% de Viena o del 20% de Estocolmo. Para llegar a este tanto por ciento, calculan que se necesitan 90.770 viviendas.

Para ampliar el parque de vivienda social, estas entidades presentaron ayer a los grupos municipales una moción que estudiarán los próximos días con la idea de que se apruebe en el pleno del 23 de febrero. Son medidas que exigen un compromiso al sector privado. Piden que se obligue a los promotores de nuevas viviendas y a los que rehabiliten íntegramente un edificio a destinar el 30 % del techo equivalente a viviendas de protección oficial. También proponen que los establecimientos turísticos (pisos, albergues...) reserven el equivalente al 40 % de su techo a vivienda pública en el mismo distrito. La legislación catalana ya contempla la primera medida, mientras que esta segunda medida debería incluirse en el PEUAT.

«No se trata de hacer leyes nuevas, sino de exprimir las que tenemos», concretó la portavoz de la PAH, Lucía Delgado.

La portavoz del Sindicato de inquilinos, Irene Sabater, expuso la tercera medida, declarar ciertas zonas de la ciudad como Áreas de conservación y Rehabilitación con la idea de garantizar un uso adecuado de la vivienda y promover la recuperación del tejido urbanístico apra evitar tanto que haya viviendas vacías como que se especule, véase Sant Antoni o Robadors. También proponen convertir propiedades de titularidad p´ñublica destinadas a usos no residenciales a pisos sociales, como el Edifici Tabacs.