Las agresiones a los funcionarios de las cárceles catalanas se disparan

El sindicato CSIF denuncia este auge y pide que estos empleados sean agentes de la autoridad.

A mediados del año pasado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya alertó de un importante auge de las agresiones cometidas contra funcionarios de las prisiones catalanas, que son de la competencia de la Generalitat. Un comunicado emitido ayer confirmó esta tendencia al alza.

Concretamente, el mismo sindicato, criticó que las agresiones a estos funcionarios, y aseguraron que de 2017 a 2018 aumentaron un 37 por ciento, pasando de 206 a 283. El centro que acumula más casos es el de Quatre Camins, con 67 episodios violentos. En esta cárcel hubo ocho heridos graves en la primera mitad del año pasado.

El delegado sindical de CSIF en la cárcel de Brians 2, Alberto Gómez, señaló que la tendencia es «alarmante», y detalló que el estudio del sindicato recoge 49 agresiones graves, que requirieron baja del funcionario, lo que significó una subida del 53 por ciento en 2018, y 234 leves, que crecieron un 34 por ciento, pero sin bajas. Todo parte de datos oficiales de la Generalitat.

Un argumento fue aportado el año pasado. «El cierre expreso de la Modelo, por razones políticas, ha tenido una clara incidencia sobre el aumento de las agresiones. No podemos pasar por alto el incremento desproporcionado que han sufrido dos centros catalogados como tranquilos, Brians 2 y Jóvenes».

Según Gómez, los internos «son cada vez más violentos», y «respetan menos la autoridad de los funcionarios». Añadió que «hay casos en que usan la agresión como un motivo de cambio de módulo o de cambio de prisión», a causa de circunstancias como deudas.

También detalló que el perfil habitual del interno agresor es «un hombre español de menos de 40 años». En el estudio se contemplan 212 intentos de agresión en 2018, mientras que el total de días de baja de funcionarios se situó cerca de los 850. El total de sanciones a los presos fueron de menos de 500 días, por lo que pidió endurecerlas.

Por su parte, el responsable de CSIF Prisiones en Cataluña, Juan Luis Escudero, reclamó que, «ante el alarmante aumento de las agresiones», se dé a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, lo que depende de las Cortes Generales, según especificó.

«No es posible que un director de instituto sea agente de la autoridad y nosotros no lo seamos», reivindicó, y explicó que si tienen esta condición tendrán presunción de veracidad a la hora de denunciar agresiones que, según explicó, también pueden llegar a producirse fuera de los centros penitenciarios a través de amenazas y represalias a familiares.

También pidió formación específica para los funcionarios, ya que aseguró que la población penitenciaria es «muy diversa, con problemas psiquiátricos, con problemas de edad, con problemas de multiculturalidad».

Añadió que hay que «acabar con el envejecimiento de las plantillas» y convocar nuevas oposiciones porque, según dijo, la edad media de los funcionarios es de 52 años, y lamentó que se sienten abandonados por la Generalitat. Preguntado por la instalación de cámaras,

Escudero aseguró que son «los primeros interesados en que haya el máximo de cámaras» para garantizar la seguridad de internos y funcionarios.