«Los padres se divorcian. Los hijos, no»

Más de 30.000 niños son víctimas de maltrato psicológico en Cataluña a causa de la separación conflictiva de sus progenitores

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona dice que el 15% de los divorcios conflictivos son de alta conflictividad. Su resolución absorbe el 90% de los recursos del sistema judicial. Son procesos que acumulan denuncias cruzadas y causan un enorme dolor en los niños, víctimas de un proceso en el que no tienen el papel protagonista. Más de 30.000 niños son maltratados psicológicamente en Cataluña por culpa una separación conflictiva. Esta cifra se eleva a 100.000 en toda España.

Javier Urra, psicólogo forense, constata que «los niños son vulnerables al estrés, la violencia y la falta de respeto». Es de los que creen que hay que educar a los hijos a corta edad para asumir la ruptura, porque las estadísticas dicen que el 50% de las parejas no continuarán. Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia y de la Asociación Española de Coordinadores Parentales, añade «hay que educar a los padres». La pareja es la base de estabilidad emocional de los niños y la sensación de «abandono» que puede vivir un hijo cuando un progenitor desaparece puede ser traumática. En ocasiones, este padre desaparece porque hay niños manipulados para rechazar a uno de los progenitores, tal y como recoge en el libro que acaba de publicar: «Yo no puedo ser dos. Los padres se divorcian. Los hijos no (Ed. Saralejandria)». En él, relata la experiencia de doce hijos víctimas de maltrato psicológico. Hace siete años, Del Prado dejó su trabajo y creó la Fundación Filia para concienciar a los adultos sobre los efectos perniciosos y a veces irreversibles que causa en los hijos la animadversión y el rencor con el que se relacionan los progenitores en un proceso de separación de alta conflictividad. Tras corroborar que hay sentencias que no se cumplen, hay niños que no ven a uno de sus padres aunque lo diga el juez, se esfuerza por implementar la figura del coordinador parental, que estudia casos conflictivos en los que se ha incumplido una sentencia reiteradamente y emite al juez un informe vinculante. Existe ya en Cataluña, Baleares o Madrid.